El congresista por Puno, Carlos Zeballos Madariaga, enfrenta una investigación fiscal por un presunto caso de corrupción relacionado con el cobro de honorarios por un servicio que, de acuerdo con la Fiscalía, nunca llegó a prestar. La investigación, a cargo de la fiscal Ángela Catacora Aguirre, señala que el legislador habría recibido un pago de S/ 3,048 por la elaboración del expediente técnico de una obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, durante el año 2013.
Las pesquisas fiscales determinaron que el expediente técnico de la obra ya existía cuatro meses antes de la supuesta contratación de Zeballos, quien en ese entonces aún no ejercía como congresista. Asimismo, la construcción del proyecto se inició apenas un día después de la aprobación del estudio que, según los registros municipales, habría sido presentado por el ahora parlamentario, lo que refuerza las sospechas sobre la presunta irregularidad en el proceso.
De acuerdo con la tesis fiscal, Carlos Zeballos habría firmado y colocado su huella digital en las planillas de pago pese a tener conocimiento de que no realizó trabajo alguno. «El imputado, con pleno conocimiento de que no realizó labor efectiva alguna, plasmó su firma y huella digital en las planillas de pago, validando así el desembolso irregular a su favor», sostiene la representante del Ministerio Público en la disposición fiscal.
Consultado sobre el caso, el legislador rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró desconocer la existencia de la investigación. Zeballos afirmó que nunca elaboró un expediente técnico para la avenida Independencia de Juliaca, negó haber recibido dinero por dicho concepto y sostuvo que durante el año 2013 no trabajó en la Municipalidad Provincial de San Román ni en ninguna entidad pública.
La investigación también alcanza a otros cinco proyectistas que, presuntamente, habrían recibido pagos irregulares: Saúl Cahuaya Ruelas, Carlos Hervas Vilca, Henver Huanacuni Jarecca, René Huanacuni Tarqui y Johon Larico Ajata. Asimismo, la Fiscalía investiga la participación de funcionarios municipales, entre ellos el residente de obra José Capcha Muzzo, el entonces subgerente de Tesorería Adrián Flores Salcedo y el exsubgerente de Recursos Humanos Alfredo Hallasi Quispe, quienes habrían facilitado el trámite administrativo para concretar los desembolsos.
En total, la fiscal Ángela Catacora investiga a 39 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso en agravio de la Municipalidad Provincial de San Román. Según el Ministerio Público, el proceso de pago siguió una cadena administrativa que comprendía la elaboración de controles de asistencia, su validación por las áreas de Supervisión y Recursos Humanos, la emisión del comprobante por Tesorería y, finalmente, el cobro de los cheques por parte del presunto intermediario Richard Quispe Ccori, quien habría distribuido los fondos entre los supuestos beneficiarios. (La República)