El congresista por Arequipa, Jaime Quito realizó un interesante análisis acerca de las medidas del Gobierno, como los constantes estados de emergencia, no han resuelto la inseguridad ciudadana, que continúa en aumento. Pese a ello, no se han impulsado acciones efectivas contra estructuras criminales, e incluso —según críticas— algunas de ellas terminan siendo protegidas o ignoradas.
Asimismo dijo,”persisten señales de entreguismo en políticas ambientales y económicas, con intentos de debilitar organismos de fiscalización y flexibilizar controles para grandes empresas. En el plano electoral, se advierte que las decisiones buscan asegurar la continuidad de la derecha, manteniendo la misma línea de Dina Boluarte, pero con nuevas figuras en la escena política”,.
El legislador señaló que los hechos recientes evidencian una intención de orientar el escenario electoral hacia candidatos exclusivamente de derecha y vinculados al pacto político que ha mantenido el control del país. En este contexto, se ha retirado del camino a quienes representan un riesgo para ese bloque. El caso de Vizcarra refleja esta lógica: de haber pertenecido al pacto, su situación judicial habría sido distinta.
Esta dinámica, señaló, «también alcanza a figuras de izquierda, donde las medidas han sido más drásticas. El avance electoral de algunos líderes generó reacciones inmediatas, como detenciones y procesos acelerados, mientras que otros actores continúan enfrentando lo que se percibe como represalias políticas. Todo ello fortalece la idea de un sistema que reparte cuotas de poder entre aliados y excluye a quienes se consideran una amenaza«.
Jaime Quito opinó que «para la población, el principal problema parece ser la inseguridad ciudadana; sin embargo, al profundizar, se evidencia que la raíz está estrechamente vinculada a la corrupción. Muchos funcionarios y actores de poder mantienen conexiones con prácticas irregulares, lo que impide combatir efectivamente este fenómeno. Por ello, se requiere una lucha real y frontal, no solo discursos».
La corrupción genera pérdidas superiores a 25 mil millones de soles al año y mantiene alrededor de 63 mil obras paralizadas o abandonadas, lo que representa cerca del 17.3% del PBI. Este impacto económico constituye un daño enorme para el desarrollo del país. Son aproximadamente 44 mil millones de soles que se diluyen entre ineficiencia, mal manejo y redes de corrupción.
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