El debate sobre la ampliación del REINFO revela tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a cómo enfrentar la minería informal e ilegal. Para el Gobierno, extender el registro por dos años sería excesivo y no contribuye a corregir las fallas estructurales del proceso. La insistencia oficial en un plazo menor busca evitar que el próximo gobierno herede un problema aún más complejo.
El Ejecutivo también cuestiona que el Congreso no diferencie adecuadamente a los mineros artesanales e informales de los operadores ilegales, generando un riesgo de legitimación de actividades ilícitas. La posible reincorporación de 50 000 excluidos agrava la preocupación, pues muchos fueron retirados por incumplimientos graves. En este escenario, el Gobierno advierte que observará la ley y, si es necesario, acudirá al Tribunal Constitucional.
La postura reciente del presidente Jerí Oré refleja un cambio respecto a su etapa en el Parlamento, donde apoyó ampliaciones previas del REINFO. Ahora, desde el Ejecutivo, concibe el problema como un desafío nacional marcado por el avance de economías ilegales y la débil capacidad estatal para controlarlas. La presión social, el deterioro de la imagen del Congreso y el rechazo ciudadano a la minería ilegal explican este nuevo enfoque.
Este giro busca diferenciar al Gobierno de los grupos que se benefician del caos normativo y del uso del REINFO como pantalla para actividades ilícitas. Si el Congreso insiste en aprobar la ampliación sin ajustes, el Ejecutivo actuará para defender lo que considera el interés nacional. Por ello, todo indica que si se aprueba la quinta prórroga tal como está, Jerí Oré la observará formalmente.
HS.