El ex parlamentario, analista político Alberto Quintanilla refirió en relación a la reciente promulgación de la Ley de la Amnistía, analizando la importancia de los derechos humanos que existen porque la persona individual es siempre más vulnerable frente al poder del Estado y de las instituciones que concentran autoridad, fuerza y capacidad de decisión.
Señaló que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, es decir, el uso de la fuerza (armas, policía, ejército) y que a la vez también controla el sistema de justicia, que decide sobre la libertad, la propiedad e incluso la vida de las personas y además regula la convivencia social mediante leyes que afectan directamente a cada individuo.
Expresó que esa es la razón por la que los derechos humanos funcionan como un límite al poder del Estado: no son concesiones que el gobierno otorga, sino garantías que protegen a la persona frente a posibles abusos.
En síntesis: los derechos humanos buscan asegurar que, en la convivencia social, la dignidad de la persona no quede aplastada por el peso del aparato estatal o por el poder colectivo. Expresó que ya «la Comisión de la Verdad reconoció que en términos globales se sabe que en el país hubo alrededor de 30 mil muertes y que las responsabilidades corresponden al MRTA, a los grupos paramilitares, así como a las Fuerzas Armadas y policiales».
Sin embargo, lo que falta es la individualización de responsabilidades, es decir, precisar quiénes son las personas concretas responsables de los hechos. Ese proceso representa el conocimiento pleno de la verdad y constituye la base de la justicia.
Un ejemplo claro es lo ocurrido el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno. Hasta ahora no se sabe con precisión la verdad de los hechos, precisamente porque desde el Estado se entorpece el acceso a la información y la identificación de responsables.
FB