A raíz de mensajes del gobierno publicados en medios escritos limeños en donde se trata de desprestigiar la convocatoria a una movilización para recordar los asesinatos del 9 de enero de 2023, la Coordinadora Regional de Servicios Educativos Rurales, SER se ha pronunciado al respecto.
Miriam Escalante, ha señalado “la historia de repite, cada día siempre hemos sido una población excluida y masacrada, si recordamos la historia por la independencia del Perú a fines de 1800 en la revuelta por la dignidad de los indígenas, se da la batalla por Puno, se habla de la masacre y Juan Bustamante fue uno de los fallecidos en Huancané, uno de los primeros defensores de los indios, años después, 1910-1912 se producen igualmente hechos reivindicativos por la dignidad de los indios, surgiendo un defensor como fue Rumi Maki y recientemente, hace pocos días se recordó los 100 años de la revuelta de Huancho Lima.
También la referida coordinadora hizo referencia, “año 65, 4 noviembre 5 fallecidos en Juliaca, 2011, 6 fallecidos en Juliaca por la reclamación de la contaminación de las cuenca Ramis y lo más grave lo hemos vivido el 9 de enero, pienso que el gobierno no tiene una buena lectura de los problemas reales que tenemos nosotros los puneños y otras personas en el sur, en el centro y en las poblaciones indígenas que están reclamando y lamentablemente nos siguen estigmatizando; si el Gobierno cree que hay personas que van a generar violencia, que los identifique, ese es el camino legal, pero que no ponga en una sola bolsa a todos como que somos terroristas y otros calificativos”, puntualiza Miriam Escalante.
También señaló, “debemos entender que estamos en un estado democrático y un estado democrático implica que las instituciones públicas puedan funcionar, incluso lo recomienda la Comisión de la Verdad y Reconciliación en las conclusiones de la investigación de hace 20 años del conflicto armado interno, recomienda que un estado democrático las instituciones tienen que funcionar y recordemos que el principio y base de un estado democrático somos los ciudadanos, los soberanos, elegimos a los gobernantes para que nos gobiernen, nos protejan, nos cuiden por eso no es posible que la gente que trabaja en el ejército y la policía, que deberían de proteger a los ciudadano, nos asesinen, es un flagrante delito contra los derechos humanos”, precisó.
FBR