La Defensoría del Pueblo instó al Estado adoptar medidas urgentes y sostenidas para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos a la educación y salud, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Durante la conmemoración por los 32 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Universal de la Niñez, la Defensoría señaló que es impostergable que, desde el Gobierno Nacional, «se garantice la coordinación intersectorial e intergubernamental a fin de dar una respuesta uniforme y coherente que brinde a la niñez y adolescencia una atención integral y con respeto a su interés superior».
Asimismo, refirió que la situación de la educación en pandemia provocó que, durante el 2021, un total de 301,000 estudiantes de colegios públicos no accedan a la educación a distancia y 83,000 salieran del sistema escolar, según una supervisión a 179 unidades de gestión educativa local (UGEL).
Por ello, la Defensoría hizo un llamado a comprender, principalmente, el regreso a la educación presencial, la reinserción de miles de estudiantes que desertaron y la implementación de acciones que aseguren condiciones adecuadas para la reapertura de las escuelas.
Además, precisó que corresponde al Ministerio de Educación adoptar medidas para garantizar el servicio educativo público y privado, considerando las particularidades de los estudiantes.
Asimismo, añadió que es indispensable que se provea de los recursos necesarios para agilizar la implementación de los servicios de apoyo educativo internos y externos, así como trazar la ruta de tránsito de la educación segregada a una educación efectivamente inclusiva.
Por otro lado, si bien el proceso de vacunación contra el covid-19 está ampliando su alcance a adolescentes sin comorbilidades, aún queda reforzar la noción sobre su autonomía progresiva e interés superior y, por lo tanto, el hecho de que pueden dar consentimiento sin condicionarse a la presencia de sus progenitores u otra persona adulta.
Otro aspecto relevante es fortalecer el derecho a la participación de la niñez y adolescencia, pues este les permite expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afectan y que éstas sean tomadas en cuenta, conforme a su edad y madurez. (Andina)
