Dirigentes de la ciudad de Juliaca han alzado su voz para denunciar supuestas irregularidades y falta de transparencia en la ejecución del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado, una obra crucial para la región. Los dirigentes, Eusebio Cabrera Chunga y Víctor Jihuallanca Carreón, señalan directamente a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y a su presidente, Juan Carlos Córdova Lizárraga, como los principales responsables de las deficiencias detectadas.
Cabrera Chunga, dirigente de la Central de Barrios, afirma que el proyecto presenta «múltiples deficiencias», desde el proceso de licitación hasta la ejecución. Según él, la licitación fue manejada al 100% por la UCP ya pesar de que Córdova Lizárraga se desliga de la responsabilidad, su firma figura en el contrato.
Entre las anomalías mencionadas se encuentran:
Expediente técnico defectuoso: La empresa contratada para la primera etapa cuestionó el expediente técnico, que además fue firmado por un ingeniero del Ministerio de Transportes y no por quien lo elaboró. Este funcionario, según el dirigente, tiene cuestionamientos por corrupción.
Falta de información: A los dirigentes no se les ha informado sobre las empresas ganadoras de las siguientes etapas. Además, existe una confusión sobre el monto real destinado a la cuarta etapa, con cifras que varían entre S/ 19, S/ 20 y S/ 21 millones.
Ausencia de participación: Los beneficiarios del proyecto no pudieron participar en el proceso de licitación de la primera etapa.
No hay representación del centro de la ciudad: El área céntrica de Juliaca no tendría un representante en el proyecto.
Por su parte, el dirigente Víctor Jihuallanca Carreón, de la salida a Cusco, reafirmó las acusaciones. Relató una reunión del 13 de agosto donde el presidente de la UCP, Juan Carlos Córdova, negó haber firmado el contrato con la empresa COVANOR. Sin embargo, Jihuallanca asegura que el contrato lleva la firma de Córdova y de otra funcionaria.
El dirigente también señaló un supuesto «direccionamiento» en el proyecto, el cual se habría evidenciado desde antes de la colocación de la primera piedra, el 27 de agosto de 2024.
Ambos líderes coinciden en exigir el cambio del coordinador de la UCP y piden al alcalde de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, que convoque a una reunión con los dirigentes de las 217 urbanizaciones beneficiadas por el proyecto para aclarar la situación.
Además, cuestionaron el aumento del personal en la UCP. Los dirigentes afirman que, a pesar de que la oficina se inició con 5 profesionales clave y 5 no clave, ahora cuenta con más de 23 trabajadores. «Cuando nosotros pedimos documentación, nos dicen que no hay plata, pero ¿cómo tienen para tener más personal?», se preguntaron.