La visita del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a Puno ha provocado un enérgico rechazo por parte de la ciudadanía, organizaciones sociales y, de manera contundente, por los familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023. En una dura declaración, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de esa fecha, calificó la llegada de Gutiérrez como una «provocación» y desmintió categóricamente sus afirmaciones sobre un supuesto acompañamiento a los familiares de las víctimas en las protestas del 2022 y 2023.
«Este señor no es un defensor del pueblo, es un ofensor del pueblo, parte de una red de criminales en el gobierno», sentenció Samillán. El dirigente aseguró que no hubo ningún tipo de acompañamiento a los familiares de las víctimas por parte de Gutiérrez, contradiciendo sus declaraciones. Además, lo acusó de haber respaldado a autoridades cuestionadas como la presidenta Dina Boluarte y de mantener un «silencio cómplice» ante el archivo de la denuncia constitucional en su contra en el Congreso.
Samillán recordó que Puno no es la única región donde se ha manifestado un rechazo similar. Hizo referencia a episodios ocurridos en Ayacucho, donde el Defensor del Pueblo también fue expulsado por los familiares de las víctimas. «Lo echaron como lo que es: un criminal que defiende los intereses del poder y no del pueblo», enfatizó.
Finalmente, el presidente de la asociación anunció que un nuevo grupo de familiares de víctimas y dirigentes de base partirá hoy hacia Lima para unirse a la jornada de lucha nacional programada del 26 al 29 de julio. Concluyó su pronunciamiento con un mensaje de firmeza: «La región de Puno se respeta, ya no nos dejaremos engañar. Esta lucha es por justicia y dignidad para todo el pueblo peruano».
(E.C)