Más de un año después de las 50 muertes y cientos de personas lesionadas durante las marchas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se instaló la Comisión Nacional de Familiares de Fallecidos y Heridos. Se reunieron en Lima para pedir a las autoridades que se aceleren las investigaciones y, de esa forma, se condene a los responsables. Estuvieron presentes los representantes de los comités de las diferentes regiones del país donde las acciones para reprimir las protestas dejaron muertos y heridos.
Uno de ellos es Víctor Cuaresma, un agricultor de 60 años del distrito de Huancabamba, en Andahuaylas. El 12 de diciembre del 2022 fue con su comunidad cerca del aeropuerto. Le cayó una bomba lacrimógena en el rostro. “Mi preocupación es que no puedo trabajar en la chacra ni alzar peso ni hablar bien. Mi boca se pone muy dura y no digo bien las palabras”, relató mostrando la foto de su rostro envuelto en vendas.
Junto a él está Rony Rodríguez Abado, a quien le cayó decenas de perdigones cuando se movilizaba en Juliaca el 9 de enero del año pasado. “Tengo todavía 24 perdigones en el cuerpo: en la espalda, el brazo y la cabeza. Yo trabajaba en construcción, en alturas, pero ahora ya no puedo hacer esfuerzo porque sangro por la nariz y la boca”, contó. (LaRepública)