El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca, a cargo de la jueza Jackeline Reina Luza Cáceres, dictó siete meses de prisión preventiva contra Royer Orlando Condor Quispe (30), quien es investigado por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, tenencia ilegal de armas y receptación agravada, en agravio del Estado Peruano y de José Santana Collantes.
La medida fue adoptada tras evaluarse los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público durante la audiencia correspondiente, los cuales —según se expuso— resultarían suficientes para sustentar la solicitud de prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias de la investigación preparatoria.
De acuerdo con lo señalado en audiencia, los hechos se registraron el 12 de enero de 2026, cuando personal policial de Juliaca intervino a Condor Quispe en un inmueble arrendado que se encontraba bajo responsabilidad de Kely Vaneza Morales Mosquera. Durante la intervención, el investigado se habría encerrado en uno de los ambientes del inmueble y se negó a salir, pese a las reiteradas advertencias del personal policial.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a ingresar haciendo uso de la fuerza. En el interior del inmueble, la Policía halló presuntamente armas de fuego de largo y corto alcance, paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, así como diversos objetos y documentos considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, durante el registro del predio se encontraron dos vehículos que presentaban requisitoria vigente por hurto. Según se informó, la llave de uno de estos vehículos fue ubicada en el ambiente donde se realizó la intervención policial.
Tras analizar el caso, la magistrada dispuso que Royer Orlando Condor Quispe cumpla la medida de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones dentro del plazo establecido por ley.
Las autoridades reiteraron que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que el imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia, en tanto no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.