Dos semanas han pasado desde que los Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, dieran la hora en todos los noticieros del país. Hoy, a la luz de los hechos, quedan más dudas que verdades en las finanzas de la examiga del golpista Pedro Castillo, quien ve complicada su situación en la actual investigación por lavado de activos que tiene en la Fiscalía.
A Boluarte le ha salido un colaborador eficaz quien remonta su historia de desbalance patrimonial hasta el inicio de la campaña electoral, cuando era la secretaria de economía de Perú Libre. Las cuentas no cuadran y la pobre labor de blindaje de sus ministros, incluido el premier Gustavo Adrianzén, abona a la idea de que algo se oculta.
Según el testimonio del aspirante a colaborador eficaz con clave N° 04-2021-FPCEDCFJ2D, en el caso N° 154-2019 (ahora 04-2021), cuando la presidenta Boluarte era íntima de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, pertenecía a un grupo de Whatsapp donde se coordinaban objetivos de carácter político y que además servía de coordinación y concertación para ejecutar acciones relacionadas al delito de lavado de activos.
El aspirante a colaborador eficaz asegura que Boluarte tenía conocimiento que en la campaña se manejaba dinero sucio proveniente del cobro de coimas y cupos de los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, quienes estaban condicionados a la renovación de sus contratos a cambio de dicha exigencia.
“Los pagos efectuados en la suma de S/ 100.00 a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor. Algunos de ellos S/ 10 000 soles que provenían de coimas que pagaban usuarios para obtención de sus licencias, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, etc., que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figuren sus verdaderos nombres”, indica el testimonio al que tuvo acceso CARETAS.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la camioneta de la mandataria y hasta su vivienda en el distrito de Surquillo habrían tenido la inyección de dinero turbio.
La camioneta en cuestión fue captada con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien niega toda influencia en el gobierno.
“Conforme al registro patrimonial relacionado a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, no se descarta el posible origen sospechoso de la adquisición de los siguientes bienes muebles e inmuebles a nombre de la investigada con dinero maculado proveniente de las ganancias ilícitas recaudadas por actos de corrupción de funcionarios: Calle los Halcones Nº 326-330 – Urb. Lima Tambo – Surquillo – Lima y la camioneta Honda de color plata Silver”, esta última actualmente es usada constantemente por Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. El programa “Panorama” lo captó el último domingo haciendo uso de este vehículo
Según el reporte de la UIF en el 2018, la mandataria compró una camioneta Honda CR-V por USD 25 990, con un depósito en efectivo, cuyo origen es desconocido. En el formulario de registro, la presidenta colocó “ahorros y algunos préstamos” sin mayores precisiones. “No tendrían justificación económica que las respalde. La información declarada no sustentaría las operaciones detalladas”, dice el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los delicados hechos imputados a Boluarte Zegarra se encuadran, según el documento fiscal, en el ilícito penal de lavado de activos agravado en la modalidad de “actos de conversión y transferencia” en el marco de una organización criminal, previstos en los artículos 1 y 4 (numeral 2) del Decreto legislativo Nº 1106, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1249.
Pero hay más que afecta la situación legal de la mandataria. Su exasistente personal Maritza Sánchez reveló que Henri Shimabukuro, investigado por ser el asesor en la sombra de Pedro Castillo y otros empresarios, dieron aportes de dinero a favor de la campaña de los perulibristas en 2021 y que luego no fueron declarados ante la ONPE.
Aquí otra vez la Fiscalía tiene sus sospechas. Según la tesis fiscal, es improbable que Boluarte no haya estado al tanto de estos supuestos aportes ilícitos, porque al militar en Perú Libre ostentó el cargo de secretaria de economía del Comité Regional de Lima Metropolitana. La presidenta ha negado aportes de Shimabukuro.
COMO PEDRO A CRISTO
Henri Shimabukuro cubrió los gastos de estadía de la presidenta en un viaje a la región Arequipa del 28 a 31 de mayo de 2021, en plena segunda vuelta electoral. Por esos días, la entonces candidata a vicepresidenta arribó a esa región, acompañada de su comitiva, para el debate final entre Castillo y Keiko Fujimori, que se desarrolló el 30 de mayo de ese año.
El monto pagado por conceptos de comida y alojamiento fue de S/ 3530, y fue cubierto por la empresa Kuroshima Ingeniería y Construcción E.I.R.L., propiedad de Shimabukuro, implicado en el caso gabinete en la sombra. En rigor, fueron 15 habitaciones simples y seis dobles en el hotel Villa del Carmen S.A.C., donde además se cubrieron servicios de lavado de prendas, agua mineral, planchado e, incluso, ocho adobos arequipeños y galletas Oreo. Ninguno de los pagos fue declarado y claro también fueron negados en todos los idiomas por Boluarte Zegarra. “No conozco a ese señor Shimamabukuro” balbuceaba con equivocación el apellido de su excolaborador.
Esta investigación de lavado de activos se une a los por lo menos cuatro relojes Rolex detectados recientemente en la muñeca de Dina Boluarte. El más caro de los Rolex vale 18 mil 700 euros y tiene un diamante en cada uno de los 12 números.
La pregunta se cae de madura. ¿Cómo hizo Dina Boluarte, una funcionaria de nivel medio del Reniec, con un sueldo bruto de poco más de S/ 4 mil para tener S/1.1 millones en sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022? ¿Cómo el 2018 pagó USD 26 mil al contado por una camioneta?
El efecto “bola de nieve” está en marcha. Por lo pronto su premier ya esbozó una respuesta. Dijo, a través de un mensaje a la nación, que las cuentas que son atribuidas en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como desbalance patrimonial de más de un millón de soles son mancomunadas y pertenecen al club departamental Apurímac.
Asimismo, dijo que el auto que compró en efectivo fue adquirido con dinero de sus ahorros familiares. En contra a lo dicho por la UIF, institución que precisa que durante la investigación encontraron dinero que fue ingresado a la cuenta personal de la presidenta Dina Boluarte. Adrianzén terminó su discurso nacional por TV Perú recordando que la presidenta goza de protección especial constitucional en materia de investigaciones penales.
Para el abogado penalista Carlos Caro Coria, si la fiscalía concluyera que la mandataria no puede justificar lícitamente estas adquisiciones, podría imputársele el delito de enriquecimiento ilícito (artículo 401 del Código Penal), siempre y cuando se pruebe el desbalance patrimonial, y que el mismo proviene del “abuso del cargo”. Si dicha conexión no puede acreditarse, la fiscalía podría cambiar la imputación a una por defraudación tributaria o incluso por lavado de activos, si dicho desbalance emanara, hipotéticamente, de algún delito contra la función pública u otros.
PASEO EN LA FISCALIA
No se puede tapar el sol con un dedo. Boluarte hace anuncios públicos garantizando su colaboración con la fiscalía. Sin embargo, cuando le toca poner la cara y declarar ante este fuero pone mil excusas. Eso es lo que ha sucedido en cada una de las citaciones que se le extendió para responder por las muertes registradas durante las violentas protestas.
Recordemos que el año pasado la Fiscalía de la Nación la citó para que declare por la investigación que se le sigue por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las 49 muertes ocurridas durante las protestas que se dieron contra su gobierno, sin embargo, no acudió. En diciembre del 2022 y en enero del 2023 fue llamada, pero se excusó de ir.
Pese a ello, sin ningún tipo de rubor, el pasado 6 de enero la Presidencia de la República publicó un tuit en el que señalaba que la jefa de Estado “saludaba” el inicio de las investigaciones fiscales y que daría todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos. Nada fue verdad. Horas antes de la citación a través de su abogado pidió que el interrogatorio sea virtual.
En otra citación, Boluarte argumentó que debido a las violentas protestas en el Centro de Lima era riesgoso para su seguridad acudir a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay y en una tercera el procurador Daniel Soria no acudió a la diligencia.
Lo cierto es que la incertidumbre reina en esta etapa de la vida de Boluarte y solo el tiempo revelará el rumbo que tomará este importante episodio en la lucha contra la corrupción en el país.
SACAN A FISCAL CLAVE
Hasta el 20 de febrero el fiscal que investigaba a Dina Boluarte por lavado de activos era Richard Rojas Gómez, repentinamente removido de su cargo y enviado al 4° Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja para investigar delitos menores.
El fiscal Richard Rojas encontró que Boluarte tenía 3 cuentas bancarias donde habría recibido dinero ilegal para la última campaña presidencial de Perú Libre y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el rastreo de todos sus movimientos bancarios.
En ese sentido, Rojas siempre fue incómodo para los implicados en lavado de dinero, incluido el coinvestigado de Boluarte, Vladimir Cerrón. En el 2021 ya hubo un intento de Cerrón de sacar a Rojas de la investigación que dirigía. En ese tiempo el magistrado pidió incautar sus cuentas y las de su madre Bertha Rojas por un total de S/ 3 millones. La medida fue aprobada y el reclamo de parte de la familia del exgobernador de Junín fue lapidaria contra el representante del Ministerio Público.
Rojas también allanó cuatro locales del partido político Perú Libre y tres propiedades de Vladimir Cerrón por el caso Los Dinámicos del Centro. Asimismo, pidió el impedimento de salida del país por seis meses del entonces designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García -curiosamente cuasi homólogo del fiscal- un allegado a Cerrón sin mayores créditos académicos para ocupar el cargo.
Richard Rojas siempre fue un fiscal incómodo para ciertos intereses. En octubre del año pasado la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía le abrió un proceso disciplinario por no encontrarlo en su sitio de trabajo. Rojas respondió que se encontraba en una diligencia. Igual el tema está pendiente de resolución.(CARETAS)