El exdirector regional de Trabajo, Moisés Callasaca Callasaca, informó que durante el mes de abril se inicia una de las principales obligaciones laborales para las empresas: la distribución de utilidades a favor de sus trabajadores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por ley.
Según precisó, este beneficio corresponde a aquellas empresas que cuentan con más de 20 trabajadores, que se encuentran en el régimen general y que hayan generado rentabilidad durante el ejercicio fiscal 2025. “Las utilidades son un derecho de los trabajadores, ya que representan una parte de las ganancias obtenidas por la empresa gracias al esfuerzo conjunto durante el año”, explicó.
En cuanto a los plazos, detalló que la distribución debe realizarse entre el 23 de abril y el 15 de mayo. No obstante, aquellas empresas que ya cumplieron con la declaración del Impuesto a la Renta pueden adelantar este proceso. Asimismo, indicó que los porcentajes a repartir varían según la actividad económica: por ejemplo, el sector minero debe distribuir el 10% de sus utilidades, mientras que el rubro de servicios destina el 5%.
Callasaca también aclaró que no todas las empresas están obligadas a cumplir con este beneficio. Las microempresas y las MYPE quedan excluidas de esta disposición, por lo que únicamente aplica a empresas del régimen general que cumplan con las condiciones mencionadas.
Respecto a los incumplimientos, advirtió que la falta de pago de utilidades constituye una infracción grave de acuerdo con la normativa vigente. En ese sentido, los trabajadores pueden presentar denuncias, incluso de manera anónima, ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), ya sea de forma presencial o a través de su plataforma virtual.
Finalmente, señaló que la entidad fiscalizadora realiza operativos inopinados y programados para verificar el cumplimiento de esta obligación. De detectarse irregularidades, las empresas pueden ser sancionadas con multas, además de estar obligadas a regularizar el pago correspondiente a sus trabajadores.
Este proceso, subrayó, no solo responde a una exigencia legal, sino que también busca reconocer el aporte de los trabajadores en la generación de utilidades y promover un entorno laboral más justo y equitativo.