Los familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023, en la provincia de San Román, levantaron nuevamente su voz de protesta tras la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asegurando que, aunque su salida del poder representa un pequeño avance, la verdadera justicia aún está pendiente.

Isabel Samillán Sanga, hermana de Marco Antonio Samillán Sanga, uno de los jóvenes fallecidos durante la represión militar en Juliaca, expresó que la caída de Boluarte “se logró gracias a la presión del pueblo peruano y de los familiares de las víctimas”. Sin embargo, reconoció que “el paso dado es pequeño” frente a todo lo que aún falta por conseguir.

“Quien a hierro mata, a hierro muere”, manifestó Samillán, quien además exigió que el Poder Judicial emita un impedimento de salida del país contra Boluarte. “Ella no puede irse sin rendir cuentas. No estamos satisfechos con la forma en que fue vacada, porque lo hicieron por incapacidad moral y no por los delitos graves que cometió durante su gobierno”, agregó.

La representante de las familias calificó la decisión del Congreso como una “lavada de cara” y un acto de oportunismo político. “Estamos cerca de las elecciones y los congresistas quieren limpiar su imagen. Durante meses la blindaron, y ahora quieren presentarse como justicieros”, cuestionó.

Samillán Sanga también exigió que el Congreso retire la inmunidad presidencial a Boluarte para que avance la investigación por las más de 50 muertes ocurridas durante su gestión. “Dina tiene una mochila muy pesada y debe pagar. Sabemos que el proceso será lento, pero no dejaremos de exigir justicia”, enfatizó.

Por su parte, Mariela Irma Cayo, esposa de Manuel Quilla Ticona, quien falleció en Lima tras una larga agonía producto de presuntas torturas durante las protestas, pidió no olvidar a las víctimas. “Dina Boluarte no debe estar libre, debe estar tras las rejas. Es una mujer sanguinaria”, señaló con indignación.

Cayo también cuestionó al nuevo presidente Juan José Jeri Ore, a quien calificó de “cómplice del blindaje político” que mantuvo a Boluarte en el poder. “Él también tiene denuncias graves. No esperamos nada bueno de su gobierno”, dijo. Asimismo, exhortó a las embajadas internacionales a no otorgar asilo político a la exmandataria. “Seguiremos resistiendo y pidiendo justicia. Solo el día que se haga justicia podremos descansar en paz”, concluyó.

Finalmente, Dominga Ancco, madre de Yamilet Nataly Aroquipa Ancco, reiteró el pedido de sanción ejemplar contra Boluarte. “Durante más de dos años hemos pedido su vacancia y seguimos esperando justicia por mi hija. No creemos en el perdón del nuevo presidente, porque las palabras no curan las heridas ni el dolor que cargamos”, expresó entre lágrimas.

Los familiares coincidieron en que la caída de Boluarte es apenas el inicio de una lucha más larga: la de alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas del 9 de enero y de todo el país.

R.C.M.

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