El fiscal Germán Juárez estimó esta mañana que una eventual condena contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos en el caso ‘Club de la Construcción’ «no bajaría de los 33 años» de cárcel. Durante la audiencia en la que se sustentó el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario, el representante del Ministerio Público señaló que la gravedad de esta posible pena podría generar que el expresidente quiera «sustraerse a la acción de la justicia».

Los sobornos según la Fiscalía

Desde el pasado miércoles el fiscal Germán Juárez Atoche expone ante el Poder Judicial los argumentos que sustentan su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA durante la licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Moquegua, en su gestión como gobernador regional, dentro del caso ‘Club de la construcción’.

Como primera imputación, el Ministerio Público atribuye a Martín Vizcarra, en su calidad de autor y en su condición de gobernador regional de Moquegua, el haber intervenido de manera directa en la licitación internacional para la construcción del proyecto Lomas de Ilo, en cuyo proceso el expresidente habría concertado con integrantes del consorcio Obrainsa -que postulaba en esta concurso- para favorecerla a cambio de un beneficio económico.

La Fiscalía también le atribuye a Martín Vizcarra el presunto delito de colusión agravada por otra obra: la elaboración del expediente técnico y construcción para ampliación del Hospital de Moquegua, en el cual se realizó una concertación -a través de su amigo y exministro de Agricultura José Manuel Hernández- con la empresa ICCGSA para favorecerla en esta licitación a cambio de un beneficio económico que fue entregado a través de su intermediario y de manera directa.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche expuso ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que en el caso Lomas de Ilo a Martín Vizcarra se le atribuye el supuesto delito de cohecho impropio debido a que, como gobernador regional, habría solicitado al gerente comercial de Obrainsa -empresa que era postulante- un donativo indebido correspondiente al 2% del valor de la licitación, que ascendió a 1 millón de soles.

En este caso, según la versión del colaborador eficaz Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, Martín Vizcarra también solicitó el alquiler de una aeronave por más de 35 mil soles, que fueron cancelados por esta compañía, para realizar un acto propio de su gobierno, que era formalizar el otorgamiento de la buena pro. (RPP)

R.C.M.

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