El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), ha formalizado una investigación preliminar por presunto delito de tortura contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2023, en el contexto de las manifestaciones sociales en la región Apurímac.
Según la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las víctimas —24 ciudadanos— habrían sido detenidas arbitrariamente y sometidas a actos que vulneraron su integridad física y psicológica, en lo que se considera una grave violación de derechos humanos. La intervención se habría producido en el kilómetro 720 del sector Siete Vueltas, en Aymaraes, donde los detenidos habrían permanecido atados por varias horas, en condiciones inhumanas.
Altos mandos de la PNP bajo investigación
Entre los investigados se encuentran figuras de alto rango, como:
Raúl Alfaro Alvarado, excomandante general de la PNP
Jorge Angulo Tejada, exteniente general PNP
Jesús Flores Solís, jefe de la región policial Apurímac
Oficiales de Abancay: Víctor Sifuentes Yañez y Rodolfo Porfirio Díaz
Efectivos operativos: José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.
¿Un patrón de represión sistemática?
Esta no es la primera acción del Eficavip. El Ministerio Público ya había formalizado 18 investigaciones preparatorias, en las que se imputan delitos a 154 efectivos de la Policía Nacional y del Ejército Peruano por su implicación en la muerte y lesiones de 267 ciudadanos en protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte.
Casos más relevantes por región:
Ayacucho: Investigación contra 27 miembros del Ejército por los hechos del 15 y 16 de diciembre de 2022, en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte (55 víctimas).
Puno: Procesos contra 24 policías por las muertes de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe en Macusani, y otros 19 efectivos por la masacre en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca (18 muertos, 108 heridos).
Juliaca: Investigación por hechos en la avenida Independencia, donde murieron varios manifestantes.
Organismos de derechos humanos exigen justicia.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han exhortado al Estado a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de estas presuntas violaciones, advirtiendo que los hechos investigados evidencian un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza y represión sistemática durante las protestas ciudadanas.
¿Qué sigue?
Las investigaciones seguirán su curso y podrían culminar en procesos judiciales contra altos mandos policiales y militares, en lo que podría convertirse en uno de los mayores juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas en tiempos recientes en el Perú.
El país observa con expectativa la actuación del Ministerio Público, mientras se intensifica el debate sobre la responsabilidad del Estado en los hechos de violencia registrados tras la crisis política de diciembre de 2022.