Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se extendieron en Macusani, distrito de la provincia de Carabaya, a cinco horas de la ciudad de Puno. El 18 de enero, hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes de ese distrito. El desenlace violento dejó como saldo la comisaría distrital incendiada y dos ronderos fallecidos.
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales del Ministerio Público amplió las investigaciones preliminares e incorporó a cinco miembros de la Policía como presuntos responsables de las dos muertes.
En esa fecha, Sonia Aguilar Quispe (35) murió por una bala en la cabeza. Era la madre de dos niños de 3 y 6 años de edad. Salomón Valenzuela Chua (30) falleció el 19 de enero en el hospital de Macusani a causa de un traumatismo torácico abierto por proyectil de arma de fuego. Dejó cuatro hijos en orfandad. El despacho fiscal, a cargo de la fiscal Nancy Chávez Torres, ha tipificado el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves con subsecuente muerte en agravio de Aguilar y Valenzuela.
Se incorpora como investigados al comandante Fredy Arellano Mendoza, comisario de Macusani; al teniente Luisin Roque Zubizarreta y los suboficiales Ángel Linares Zegarra, Guido Hanco Flores y a Luis Alberto Choque Albino. Estos prestaron servicio en dicha comisaría. Del 14 al 18 agosto se ha establecido el cronograma para que los familiares de los fallecidos y los investigados rindan sus manifestaciones. La Décima Macrorregión Policial (Macrepol) de Puno deberá notificar a los efectivos para que brinden sus declaraciones.
Piden incluir a jefe policial de Puno
Wilmer Quiroz Calli, abogado que ejerce la defensa de los agraviados, señaló que este proceso es complementario. Permitirá con pericias y de manera objetiva la responsabilidad de estos efectivos policiales. Además, pidió que el jefe de la X Macrepol también sea incorporado en las investigaciones. David Villanueva Yana era el oficial que desempeñaba el cargo.
El letrado precisó que el equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima se trasladará a Juliaca para recabar el testimonio de los investigados y testigos; y si fuera el caso, viajarán hasta la ciudad de Macusani para cumplir con otras diligencias.
La fiscal ha pedido a la Policía, en el plazo de 24 horas, le remita un informe sobre si investiga al personal policial que participó en las protestas en Macusani. También solicitó el resultado de la pericia balística forense, entre otras diligencias. La Macrepol también deberá entregar el plan de operaciones, las órdenes de operaciones de control de conflictos o asuntos sociales y de operaciones específicas, y ahí deberá detallarse la cadena de mando, informe del jefe operativo, rol de servicios, relación de afectación de armas, entre otros documentos.
Avances
Wilmer Quiroz Calli es el abogado que ejerce la defensa de los agraviados. El letrado dijo que la disposición fiscal fue emitida el 2 de agosto; sin embargo, recién se notificó a la defensa de las víctimas hace tres días. Precisó que esta es una ampliación de la investigación de la carpeta fiscal n° 005 que se abrió en Juliaca. “Eso para nosotros es muy importante, muy relevante, porque se están cumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pide individualizar a los presuntos responsables e identificar la cadena de mando”, dijo.
Quiroz afirma que la ampliación de la investigación fue posible en atención a diligencias previas como la visualización de videos, declaración de testigos y efectivos policiales sobre su ubicación, la labor que cumplieron, las indicaciones que recibieron y bajo la orden de quién estaban ellos, entre otros detalles.(La República)
