Han transcurrido once meses desde que Rosalino Flórez Valverde recibió una ráfaga de más de treinta perdigones de parte del personal policial y el Ministerio Público acaba de dar un paso que puede resultar decisivo en la investigación abierta por la muerte del joven cusqueño, quien participaba en las protestas sociales de enero contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la república.
La fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del Equipo Especial para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales, emitió una disposición para formalizar la investigación preparatoria contra dos miembros de la Policía Nacional. Para uno de ellos solicitó prisión preventiva.
Dicho requerimiento fue formulado para el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón, sobre quien la Fiscalía postula que sería el responsable directo de la muerte del joven de 22 años. (LR)
R.G.Q