El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobó el primer listado de beneficiarios del apoyo económico dispuesto por el Decreto de Urgencia 006-2023, que dispone un apoyo económico a los deudos de las personas fallecidas y heridos de gravedad, civiles y policías, durante las movilizaciones realizadas entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023.
Según la Resolución Ministerial 0101-2023-JUS, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta lista está conformada por 91 deudos de 52 personas fallecidas.
En tal sentido, el dispositivo señala que se deberá realizar el abono correspondiente en cuentas abiertas para tal fin en el Banco de la Nación, a favor de cada una de las personas beneficiarias.
Asimismo, dispone que el anexo con la lista de beneficiarios será publicado en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo día de la publicación de la presente resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
En la parte considerativa precisa que se reconocen personas beneficiarias del apoyo económico a aquellas identificadas por la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución Suprema 264-2022-JUS.
Además, precisa que el artículo 4 de dicha norma autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de 50,000 soles, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida; así como 25,000 soles en el caso de las personas heridas de gravedad en las movilizaciones.
De igual modo, recuerda que entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023 un sector de la población, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, llevó a cabo una serie de movilizaciones a lo largo del país, en las que se registraron actos violentos contra la propiedad pública y privada, el bloqueo de vías de comunicación y el intento de la toma de aeropuertos, así como enfrentamientos.
En dichas movilizaciones se produjo el fallecimiento de personas y otras sufrieron lesiones de gravedad.
«Que, a raíz de lo ocurrido, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de atender a las personas afectadas, conforme se ha hecho anteriormente, y coordinar la adopción de medidas a su favor, comprendiendo dentro de ellas tanto a civiles como efectivos policiales en la perspectiva de promover la reconciliación nacional», agrega la resolución.(Andina)