Con ese objetivo se publicará un decreto supremo que simplificará el procedimiento de evaluación y concesión de las gracias presidenciales, según adelantó a La República el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.
La norma será aplicada para acelerar el otorgamiento del beneficio que permitirá, además, el deshacinamiento de las cárceles del país que tienen una sobrepoblación del 140%, lo que las convierte en un peligro de propagación del Covid-19.
Según detalló el ministro Castañeda, que hasta ayer al mediodía tenía casi listo el proyecto de decreto supremo para su aprobación por el premier Vicente Zeballos y el presidente Martín Vizcarra, se apunta a que las primeras beneficiarias sean las mujeres gestantes y madres de niños menores de tres años que no hayan sido condenadas por delitos graves.
Bajo esa condición, se prevé que también reciban la concesión los reos mayores de 60 años, enfermos terminales y aquellos a quienes les falta seis meses para cumplir su condena o purguen penas carcelarias menores de cuatro años. A estos últimos se les aplicaría la conmutación de la pena.
De lo que se trata, dijo Castañeda, es que toda esa población penitenciaria pueda abandonar las cárceles lo más pronto posible, tras culminar el procedimiento de evaluación que, a su vez, tiene requisitos y plazos que cumplir y que serán recortados y agilizados a través del decreto supremo a emitirse.
Sin embargo, también advirtió el ministro que se debe tener en cuenta que el personal penitenciario y del Poder Judicial está trabajando con personal disminuido y eso podría causar una demora.
Habrá excepciones
El ministro Castañeda subrayó que no habrá indulto para los condenados por delitos graves como corrupción, violación a los derechos humanos, crimen organizado, violación sexual, terrorismo y otros.
El ministro apuntó que no habrá una comisión multisectorial para evaluar y conceder el indulto, como propuso la Iglesia católica, porque resultaba “impráctico”, en una situación de emergencia que requiere actuar con rapidez.
“Es impráctico. Es una buena idea, pero lamentablemente en este contexto no funcionaría. La Comisión Lanssiers demoró tres años y no podemos esperar tanto”, enfatizó.
Monseñor Jorge Izaguirre, obispo responsable de las cárceles e impulsor de la instalación de una comisión multisectorial de indultos, indicó que ve con mucha expectación lo dispuesto por el Ministerio de Justicia, pero tiene sus dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Gracias Presidenciales. “Están respondiendo tardíamente a la petición del indulto humanitario, que es necesario”, comentó. (Las República )