El abogado Carlos Torres Rodríguez, informó acerca del proceso que se sigue por los asesinatos de los pobladores de Azángaro de la cuenca Ramis y Juliaca, que incursionaron en el Aeropuerto el 24 de junio del 2011 y que tras doce años no se ha sancionado a ninguno de los culpables, debido, en muchos de los casos, a la actitud negativa de algunos fiscales que tomaron los procesos ante la muerte de un fiscal de apellido Salinas.
Dentro de ello denunció, por ejemplo, que el fiscal Rafael Salazar guardó la carpeta fiscal por varios años, dilatando el proceso de acuerdo a su conveniencia, lo que determinó que las denuncias, de entorpecimiento a los servicios públicos en contra de los pobladores de Azángaro y distritos, daño agravado en contra de los dirigentes de Juliaca y Cuenca Ramis y la acusación por lesiones Graves, en contra del general William Andia, se han archivado
El abogado informó que la resolución 48-2022 emitida en agosto del año pasado, ha confirmado y dejando consentido el auto de sobreseimiento de los casos señalados, tras los recursos de apelación presentados por representantes del ejército y otros
El letrado dio a conocer que los días 8, 9 y 10 de marzo se cumplirán audiencias sobre los procesos que se siguen en contra de los jefes policiales Coronel PNP Ever Raúl Rojas Bejarano, Comandante PNP Enrique Dávila Ordoñez Jefe de Seguridad de Juliaca y del oficial Oscar Daniel Espinoza Herrera Jefe de seguridad interna del Aeropuerto, para quienes se ha pedido penas de 20 años por el delito de homicidio calificado, 25 años por lesiones graves y 20 años por lesiones graves con subsecuente muerte, en contra de los policías, esperando que se actúe honestamente.
Durante todo este tiempo, señaló Torres Rodríguez, no se ha hecho justicia, los afectados no recibió ningún tipo de apoyo, solo algunos aportes para la cuenca Ramis, pero a nivel de deudos no se recibió nada, salvo un aislado caso del Alcalde de San Antón que ofreció trabajo a una viuda con 3 hijos, los demás deudos quedaron en el abandono.
Torres Enríquez se refirió a que los casos ocurridos el 9 de enero, no se procesarán en Juliaca, serán tramitados en la Fiscalía de Derechos Humanos en Lima, para prolongarlos y buscar que los deudos se olviden, porque con las dádivas que ha determinado el gobierno, de dar dinero a los familiares de fallecidos y a heridos pretenderán callar y decir “te pagué, ahora que quieres”, por eso sugiero que no cobren ese dinero.
Torres Rodríguez sugirió que de la forma como se ha presionado en el caso del 9 de enero, hay que seguir adelante aprovechando de la repercusión internacional en la que Juliaca se hizo conocer en el mundo, la lucha debe continuar sin desmayo, dijo, para lograr justicia y no como lo ocurrido 12 años atrás, expresó.
FBRM