El parlamentario arequipeño, Jaime Quito, ex integrante de Perú Libre, se refirió a la situación presentada con la Junta Nacional de Justicia, en la que el congreso la quiere eliminar, tras la aprobación de la sub Comisión de Acusaciones constitucionales que debe ratificarse en una segunda instancia.
El legislador explicó, la junta nacional de justicia, es la que nombra ratifica y sanciona a los jueces y fiscales del Perú a nivel nacional, eso te da la facultad para poner a determinado juez o fiscal cuando hayan procesos en los que se necesite tener a magistrados benevolentes o sino también para encasillar al opositor con procesos judiciales y lo que no es verdad, hacerlo real y legal, pero también es importante la designación de magistrados de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, siendo más importante el Jefe de la ONPE, porque es el organismo, que lleva a cabo las elecciones y realiza el conteo de las votaciones.
El parlamentario añadió, “esa destitución, no beneficia a la población en absoluto, hay una crisis institucional, hay corrupción por todos lados, pero ellos, de eso, es de lo que menos se preocupan; a rio revuelto, ganancia de pescadores, quieren sacar lo suyo, su tajada, en beneficio para ellos y en absoluto darle justicia a la población, oiga, Juliaca está esperando un año para que se haga justicia por los muertos que se han tenido y no hay nada, entonces, no les importa nada el sufrimiento de la población”, subrayó.
Con respecto al proceso, Jaime Quito, informó, “el día lunes está convocada la Comisión Permanente del Congreso, para tratar el tema, es la segunda fase de la Denuncia Constitucional aprobada por la Sub comisión de Acusaciones Constitucionales, luego de ahí pasará al pleno del congreso, que seguramente será en el primero del inicio de la legislatura en el mes de marzo; lo del lunes es por el tema de que supuestamente a una integrante de la Junta, se le había pasado la edad de 75 años y por responsabilidad compartida se está destituyendo a la 7 miembros, además de suspenderlos por 10 años, lo que no es una causal; existen otros objetivos, dentro de ellos la restitución de la fiscal suspendida”, precisó
FB.