El pasado 16 de diciembre, la presidenta de la república, Dina Boluarte, designó a Javier Pacheco Palacios como nuevo jefe interino de la Procuraduría General del Estado (PGE), tras la suspensión temporal de Daniel Soria. Aunque apenas tiene una semana en el cargo, el abogado ya ha realizado varios cambios estructurales: pidió ocho renuncias y desactivó dos unidades importantes.

Se trata de la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios, la cual ve los procesos contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, entre otros; y la Unidad Funcional de Articulación Territorial, la cual atiende los requerimientos de las procuradurías públicas regionales y municipales, y se encarga de absolver directamente sus consultas.

Pacheco Palacios, quien enfrenta una investigación fiscal por presunta corrupción y un proceso administrativo disciplinario en curso, viene siendo cuestionado por estas recientes acciones dentro de la Procuraduría. Aquí un repaso de las decisiones que ha tomado hasta el momento.

A solo unos días de haber sido designado en el cargo, Javier Pacheco les solicitó sus renuncias a 8 funcionarios de la Procuraduría General del Estado. Ellos son:

  1. Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica.
  2. Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro
  3. Jorge Pasco Loayza, jefe de la Oficina de Control Funcional.
  4. Zenaida Calderón Anticona, directora de la Dirección de Valoración y Pericias.
  5. Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta, directora del Centro de Formación y Capacitación.
  6. Omar Kadafi Jesús Rojas Silva, jefe de la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios.
  7. Saúl Enrique Alfonso Ampuero Godo, director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal.
  8. Roxana Yanett Paz Cárdenas, jefa de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional.

Desactivó dos unidades importantes

Javier Pacheco ordenó que se desactivaran dos unidades de la PGE: la de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios y la Unidad Funcional de Articulación Territorial.

La Unidad de Altos Funcionarios fue creada en febrero de 2023. Esta tiene 89 carpetas de investigaciones y procesos contra altos funcionarios; entre ellos, la investigación fiscal abierta contra la presidente Dina Boluarte, por los crímenes por las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado.

Esta unidad también investiga a 72 congresistas, 34 ministros y exministros, 6 presidentes y expresidentes del Consejo de Ministros y otros 10 funcionarios.

En un memorando enviado el último jueves a la gerente general de la Procuraduría General del Estado (PGE), Aída la Rosa Sánchez, el procurador encargado explica que resulta necesario desactivar ambas unidades y así “centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos» con el fin de optimizar recursos y esfuerzos. Asimismo, señala que es facultad del procurador general del Estado denunciar a altos funcionarios.

Finalmente, la gerente general de la institución, al día siguiente del requerimiento, emitió la resolución a través de la cual se desactivaron las referidas unidades y se dispuso que los responsables salientes adopten «las acciones necesarias para la transferencia de los documentos de los archivos de gestión (…) en el plazo máximo de 05 días hábiles» a la presidencia ejecutiva de la PGE.(RPP)

R.C.M.

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