El abogado César Quispe, que se desempeña como abogado defensor de las víctimas del 9 de enero, se ha referido a la detención de Betssy Chávez señalando, “desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se instaló lo que muchos sectores llaman una “dictadura”, se estaría ejecutando un plan destinado a acallar cualquier disidencia contra los poderes fácticos y la oligarquía. Según esta lectura, lo que hoy enfrenta la exministra Betssy Chávez no es un hecho aislado, sino parte de esa estrategia de persecución política que afecta a todos los peruanos.
Antes, estas acciones se encubrían o se hacían de manera velada, pero ahora —sostienen los críticos— se realizan abiertamente, sin reparo alguno. En ese marco, se recuerda también que Pedro Castillo continúa considerándose presidente legítimo, y se menciona la existencia de un documento del Congreso que confirmaría que nunca se llegó a votar una moción de vacancia en su contra.
Quispe Calsín ha indicado que “la ex primera ministra Betssy Chávez permanece bajo prisión preventiva, medida que ha sido calificada por diversos sectores como arbitraria y abusiva. Según especialistas en derecho penal, la figura de prisión preventiva debería aplicarse únicamente cuando existen indicios claros de la comisión de un delito y se cumplen los presupuestos legales».
En este caso, Chávez es investigada por rebelión, presunto delito que, de acuerdo con juristas nacionales e internacionales, no habría sido cometido ni por el expresidente Pedro Castillo ni por su entorno. Reconocidos maestros del derecho penal en el Perú y en el extranjero han coincidido en que los hechos no configuran el tipo penal de rebelión.
Asimismo, se denunció que Chávez estaría sufriendo maltrato físico durante su internamiento, ya que en algunas audiencias se le habría visto con marcas en el rostro. Por ello, se plantea que su defensa evalúe la posibilidad de presentar una denuncia por tortura ante las instancias correspondientes.
FB