El departamento de Puno dejará de recibir 460 millones de soles por concepto de canon minero debido a la evasión tributaria de la minería ilegal e informal. Ese dinero serviría para hacer obras que beneficien a sus habitantes, como colegios, hospitales y proyectos de saneamiento básico. En 2025, la minería ilegal e informal generará pérdidas al Estado peruano por 5.200 millones de soles en la recaudación del impuesto a la renta (IR). El 50 % de ese impuesto se convierte en canon minero, que se entrega a los gobiernos regionales y locales.
Es decir, 2.600 millones de soles que no llegarán a las regiones más golpeadas por la informalidad minera. En el caso de Puno, la falta de esos 460 millones de soles equivale a dejar de construir colegios, hospitales y otras obras menores. La minería ilegal no solo golpea las arcas públicas, sino también al medio ambiente y a la salud de la población.
En Puno, el río Ramis y el lago Titicaca reciben descargas de relaves con plomo, mercurio y cianuro, procedentes de la minería en zonas como La Rinconada y Ananea. Según investigadores, para obtener un gramo de oro se utilizan seis gramos de mercurio, lo que a gran escala convierte el panorama en una crisis ambiental. Los metales pesados contaminan el agua que consumen las familias y riegan los campos de cultivo, afectando directamente la seguridad alimentaria del altiplano.
Al igual que Puno, otras regiones también dejan de recibir recursos por la minería ilegal: Arequipa, 450 millones de soles; Madre de Dios, 240 millones; La Libertad, 215 millones; y Ayacucho, 160 millones. En todas ellas, el dinero que debería invertirse en educación, salud, carreteras o agua potable se pierde en las redes del contrabando y la evasión tributaria.
“Todas estas regiones se ven afectadas en su recaudación tributaria, lo que impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana”, dijo el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. El problema no termina ahí. En la mayoría de estas actividades ilícitas, se vulneran los derechos laborales de los trabajadores.
Los dueños de socavones contratan personas para extraer minerales sin brindarles vacaciones, seguro social, compensación por tiempo de servicios ni aportes al sistema de pensiones. Tampoco cuentan con seguro de vida, lo que genera que, en caso de accidentes fatales, se cierren acuerdos extralegales para evitar sanciones penales.
“Se van a revisar las normas sobre derechos laborales de los pequeños mineros, de los trabajadores de la pequeña minería y la minería artesanal, para que puedan realmente trabajar con salud y seguridad ocupacional, y no vuelvan a ser manipulados por personas que dicen que los defienden, pero que solamente los explotan y los exponen”, anunció el ministro.
yc.