Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, ratificó que familiares de víctimas de las protestas sociales y colectivos organizados marcharán en Lima los días 27 y 28 de julio para exigir justicia, memoria y verdad. Las movilizaciones también buscan rechazar las llamadas leyes pro crimen, cuya derogatoria, según el dirigente, favorecería la determinación de responsabilidades por las muertes ocurridas en el sur del país.
Samillán atribuyó responsabilidades a la presidenta electa Keiko Fujimori, afirmando que ejerció un cogobierno con los presidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, en cuyos mandatos las investigaciones por las muertes avanzaron lentamente. Subrayó que los familiares no esperan perdón ni disculpas, sino acciones concretas que conduzcan a una verdadera reconciliación nacional.
El 27 de julio, los manifestantes armarán una tómbola en recuerdo de sus seres queridos fallecidos en las protestas y participarán en una vigilia a las 5 de la tarde en los exteriores del Palacio de Justicia. Al día siguiente, 28 de julio, coincidiendo con la toma de mando de Keiko Fujimori, realizarán el lavado de banderas manchadas con la sangre de los 50 ciudadanos fallecidos durante las protestas sociales.
Las movilizaciones también representan a más de mil 500 sobrevivientes que aún esperan justicia por las heridas y secuelas de las protestas. Los familiares de las víctimas de Puno llevan así su demanda de verdad hasta Lima en la fecha de mayor simbolismo político del país, visibilizando ante el nuevo gobierno la deuda pendiente del Estado con el sur peruano.
(E.C)