Las congresistas de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limachi y Sigrid Bazán, suscribieron un proyecto legislativo (5668) para que las elecciones generales se puedan celebrar en julio de 2024.
El proyecto de reforma constitucional plantea que la mandataria Dina Boluarte concluya su mandato el 30 de septiembre de 2024, mientras que los parlamentarios y representantes ante el Parlamento Andino el 28 de septiembre del referido año.
Las motivaciones
«La presidenta de la República convocará a elecciones generales, las que se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de julio de 2024. De haber segunda vuelta, esta deberá realizarse el último domingo del mes de agosto de 2024, correspondiendo que el presidente electo preste juramento y asuma el cargo el 30 de setiembre de 2024», se lee en el documento.
Entre los fundamentos de la propuesta se menciona la actual crisis política y social que atraviesa el país, un escenario que, apuntan, «sigue siendo de riesgo para la vida y la integridad de las personas, de violencia y de inestabilidad para la economía, el comercio y el turismo».
«Por tanto, la necesaria reflexión y acción urgente para superar este escenario, que a todos perjudica y afecta, necesita del Gobierno y el Congreso urgentes actos de desprendimiento por el bien del país, la sociedad y sus ciudadanos», se remarca.
También se pone de relieve que 67 personas fallecieron y más de 1 900 resultaron heridas en el contexto de las protestas sociales llevadas a cabo a nivel nacional en rechazo a Dina Boluarte y el Parlamento.
«La impunidad que aún rodea el esclarecimiento de los hechos de muerte registrados desde diciembre de 2022, la difusión de informes de prensa y de organizamos internacionales, incluyendo los de carácter oficial, que aportan evidencias sobre la responsabilidad de agentes del Estado en decenas de asesinatos y determinadas acciones y decisiones por parte del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República que atentan contra el balance de poderes públicos, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, entre otros, se han convertido en causas principales del descontento a nivel interno y del deterioro de la imagen de nuestro país a nivel internacional», dice la propuesta legislativa.
Además de estas consideraciones, el documento da cuenta que el Congreso ha logrado capturar diferentes organismos estatales, entre ellos el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo.
A juicio de la bancada parlamentaria, el adelanto de comicios continúa siendo «el medio que la ciudadanía exige para superarla». «Se presenta el presente proyecto para reactivar el debate, reformar la constitución y crear las condiciones para la convocatoria a elecciones generales adelantadas», remarca la iniciativa.
En esa línea, el dispositivo refiere que el proyecto de reforma constitucional busca “corregir una situación de crisis institucional y social”, cuyos costos sociales resultan “impredecibles”.
“Los costos se vienen acumulando desde hace meses, desde el gobierno de Pedro Castillo, y actualmente ya son numerosos, siendo que sus efectos a futuro pueden resultar incluso más graves”, añade.(RPP)
