Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), informó que el costo de la no ejecución de 23 proyectos mineros, entre 2008 y 2022, significó pérdidas a la economía nacional por S/ 698 mil millones y de S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.
En términos de empleos, la no ejecución evitó que se creen hasta 541 mil puestos de trabajos anuales durante la fase de producción y 125 mil durante la etapa de inversión minera, según el estudio ‘Desafío y oportunidad. El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería’ del IPE.
“La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9 % a 4.7 % en el periodo entre 2008 y 2022. Además, 1.7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia el 2022 (5 %)?, resaltó.
Para Gallardo, la regulación minera es bastante compleja, pues a través de cinco etapas un proyecto del sector debe enfrentar 232 procesos administrativos. Lo curioso, es que 100 del total involucran hasta 19 entidades públicas, entre las que resaltan: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
“Aumentan los permisos y se alarga el tiempo de entrega, lo que afecta el atractivo del Perú como país de inversión minera”, lamentó y consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debería retomar el proyecto de la Ventanilla Única Digital Minero Energética, el cual espera su consolidación desde el 2019.