La Fiscalía Especializada en Corrupción de funcionarios de Puno intervino la Gerencia General del Gobierno Regional, tras una denuncia presentada por el monseñor Ciro Quispe, obispo de la diócesis de Juli. La acusación involucra presuntos delitos de malversación de fondos y cohecho, relacionados con el pago del alquiler del inmueble donde funciona el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de la región.
Según el gerente general del Gobierno Regional de Puno, Óscar Macedo, la denuncia sugiere que se habrían realizado modificaciones presupuestales al dinero transferido por el Ministerio de Educación y que no se cumplió con el pago del alquiler del local del COAR. Macedo rechazó tajantemente las acusaciones, asegurando que los S/ 600 mil transferidos permanecen en la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), y no en su unidad ejecutora. “Es una patraña, no voy a permitir eso. Apenas se archive el caso, presentaré una contrademanda por denuncia calumniosa”, declaró.
El funcionario también aclaró que no se suscribió el convenio de alquiler con el obispo Quispe porque su poder de representación legal ya habría vencido. En ese contexto, se solicitó formalmente la designación de un nuevo representante legal de la copropiedad para proceder con el contrato. Cabe señalar que los propietarios del terreno donde funciona el COAR son la Prelatura de Juli, la Prelatura de Sicuani y la Prelatura de Ayaviri. Toda la documentación fue remitida al Ministerio Público para su evaluación. (R.A)