La reciente detención preliminar de Ronald Loza, funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno, quien según investigaciones periodística es el responsable de haber cambiado las muestras de los productos de frigoinca, su detención se da en el marco de las investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio dentro del caso Qali Warma, ha reavivado la indignación y el clamor por justicia de los padres de familia del colegio «Gamaliel Churata» del distrito de Cabana. Estos padres exigen una sanción drástica para todos los responsables de la intoxicación masiva que sufrieron sus hijos tras consumir alimentos del programa estatal.
Con profunda frustración, varias madres de familia de la institución educativa manifestaron su indignación ante la aparente falta de atención por parte del Estado peruano a este grave incidente. Señalan que, a más de un año de la intoxicación ocurrida el 25 de marzo, los niños continúan padeciendo los mismos malestares iniciales.
El presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) del colegio expresó su consternación por la falta de resultados concretos a más de un año de los hechos, donde más de 20 estudiantes resultaron intoxicados por los productos de Qali Warma. Añadió con pesar que una de las madres de familia que preparó los alimentos en aquel entonces falleció debido a la angustia generada por la situación.
Los padres de familia unieron sus voces para exigir que los responsables de la intoxicación de sus hijos paguen por lo sucedido, solicitando además la captura de todos los implicados en este lamentable hecho, que afectó a un total de 33 alumnos.
Los afectados también denunciaron el trato que recibieron un grupo de aproximadamente 10 madres de familia que viajaron a Lima en busca de respuestas. Según relataron, en lugar de recibir apoyo, se les indicó que los problemas de salud de sus hijos se debían a una «falta de cariño» por parte de los padres, además de haber sido víctimas de tratos inhumanos durante su estadía en la capital.
Basilia Lucas, presidenta de los padres de familia afectados, afirmó representar a 22 madres cuyos hijos aún sufren graves secuelas de la intoxicación y requieren dietas especiales de alto costo, las cuales deben ser cubiertas por los propios padres.
María Irene, madre de una alumna que continúa con secuelas, expresó su indignación ante las versiones de un médico del hospital San Bartolomé de Lima, Iván Loaysa, quien habría atribuido el malestar de los niños a la falta de afecto familiar. «Y también porque mucho piensan en su flaquito», añadió la madre, mostrando el malestar generalizado por estas declaraciones.
Otra grave denuncia realizada por los padres de familia señala que Ángel Fernández, presunto responsable del MIDIS, habría amenazado con no cubrir los gastos médicos de sus hijos en caso de que continúe reclamando justicia. Además, informe que está programada para este viernes 9 de mayo la operación de una escolar de 15 años que aún sufre las consecuencias de la intoxicación.
Por su parte, el director del plantel, Julio Ernesto Puma Mamani, manifestó su preocupación por el impacto negativo que la situación está teniendo en el aprendizaje de muchos estudiantes, quienes asisten a clases de forma irregular debido a los persistentes dolores abdominales. En referencia al nuevo programa alimentario «Mikuna Wasi», el director señaló que, en cuanto a los productos, no ha habido cambios significativos, solo un cambio de nombre.
La detención del funcionario regional ha encendido nuevamente la esperanza de los padres de familia de Cabana por obtener justicia para sus hijos y sentar un precedente para que este tipo de negligencias no se repitan. La comunidad educativa y los padres afectados esperan que las investigaciones avancen con celeridad y se sancione ejemplarmente a todos los responsables de este doloroso caso.
