Poco después de rendir su manifestación en la sede central del Ministerio Público, ubicada en la av. Abancay, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, organizó una improvisada conferencia frente a un grupo de manifestantes que ingresaron a la plaza de Armas de Lima para mostrar su apoyo al jefe de Estado tras acudir a la Fiscalía.
Con megáfono en mano, el mandatario relató que se presentó ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para responder sus interrogantes frente a las imputaciones que se le realizan por los casos Petroperú y la salida del exministro Mariano González. Señaló que le aclaró que es inocente con respecto a las acusaciones en su contra.
“Voy a ir siempre las veces que me citen, cualesquiera sean las imputaciones, así como hoy hemos respondido. Hemos ido a decirle a la fiscal de la Nación que no solo lo rechazo, sino que niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando y voy a ir siempre a dar la cara, y que voy a seguir yendo a responder”, dijo.
Esta declaración la brindó el jefe de Estado en compañía de su abogado Benji Espinoza y del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. También estuvo presente su otro defensor legal, Eduardo Pachas, quien es el autor de la denuncia contra Harvey Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno durante el intento de detención de Yenifer Paredes.
Tras brindar escuetos detalles sobre su diálogo con Patricia Benavides, Pedro Castillo se dirigió a los manifestantes: “Ustedes nos conocen, hermanos. Ustedes saben cuál es nuestro trajinar, de dónde hemos venido y a qué hemos venido. Por eso me he tomado la facultad de decirle que no vamos a bajar la guardia. El Perú necesita que sus autoridades estén al frente resolviendo los problemas del país”.
El mandatario acudió a declarar al Ministerio Público acompañado por sus abogados, pero en esta ocasión no lo hizo a pie, como acostumbra, sino resguardado por un fuerte contingente policial y de seguridad del Estado, a bordo de un vehículo oficial del Estado. Esto fue explicado por Alejandro Salas, ministro de Trabajo, quien aclaró que se tomó esta decisión debido a las amenazas de muerte que viene recibiendo el mandatario. (La República)