Todas las instituciones educativas privadas con fines de lucro estarán obligadas a pagar impuestos, según un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República.

La iniciativa legislativa, perteneciente al parlamentario Guido Bellido (Perú Libre), plantea para ese fin modificar el artículo 19 de la Constitución Política del Perú.

Con ello, subraya la propuesta, se busca recaudar recursos económicos para enfrentar los impactos económicos ocasionados por el covid-19 y mejorar y hacer sostenible la calidad de los servicios que brinda el Estado.

El proyecto precisa que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos públicos gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte sus bienes, actividades y servicios.

Las donaciones y becas con fines educativos para las instituciones educativas públicas y privadas gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las instituciones educativas públicas y privadas, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.

Las instituciones educativas y culturales privadas sin fines de lucro también gozan de inafectación de impuestos directos e indirectos, a excepción de aquellos ingresos que por ley sean calificados como excedentes, las que estarán sujetas a

la aplicación del impuesto a la renta.

Todas las instituciones educativas privadas con fines de lucro están obligadas a pagar todos los impuestos correspondientes conforme a su naturaleza.

De acuerdo con Bellido, el proyecto contribuirá en la mejora de los servicios que brinda el Estado y fortalecerá la competitividad de las instituciones educativas estatales, en fiel cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos.

Además, considera que tiene relación directa las políticas de Estado y agenda legislativa del Acuerdo Nacional, como son la equidad y justicia social y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. (Andina)

R.C.M.

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