El pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por realizar sesiones descentralizadas “sin marco constitucional y legal” y azuzar contra el Parlamento durante la gestión de Pedro Castillo.
Este proyecto de resolución legislativa culminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones; por lo tanto, no fue aprobada al no alcanzar los dos tercios requeridos, es decir, 67 votos.
En ese sentido, la Representación Nacional rechazó acusar al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución y los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelón, sedición o motín, omisión de resistencia a la rebelión, entre otros.
El informe final de la denuncia constitucional 290 fue sustentado por la titular del Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, quien es la delegada del caso. La propuesta fue aprobada previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.