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El pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por realizar sesiones descentralizadas “sin marco constitucional y legal” y azuzar contra el Parlamento durante la gestión de Pedro Castillo.
Este proyecto de resolución legislativa culminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones; por lo tanto, no fue aprobada al no alcanzar los dos tercios requeridos, es decir, 67 votos.
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En ese sentido, la Representación Nacional rechazó acusar al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución y los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelón, sedición o motín, omisión de resistencia a la rebelión, entre otros.
El informe final de la denuncia constitucional 290 fue sustentado por la titular del Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, quien es la delegada del caso. La propuesta fue aprobada previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.