La región Puno se mantiene como la segunda con mayor conflictividad social a nivel nacional, solo después de Loreto, según el reporte N° 264 de la Defensoría del Pueblo. En total se identificaron 21 conflictos sociales, de los cuales 19 corresponden a temas socioambientales. La mayoría de estos casos se concentra en zonas donde existe actividad minera.
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, «señaló que la minería ilegal está presente en gran parte de los territorios en conflicto. Esta problemática no solo genera tensiones sociales, sino también delitos conexos como la trata de personas y el uso ilegal de armas. Estas acciones afectan directamente la seguridad y tranquilidad de la población».
Frente a este panorama, la respuesta del Estado aún presenta serias limitaciones operativas. La Policía Nacional y el Ministerio Público no cuentan con suficiente personal ni presupuesto para actuar con rapidez en las zonas críticas. Por ello, se plantea fortalecer recursos y mejorar la atención oportuna para evitar que los conflictos se agraven.
FB