“¡No a la persecución!”, se lee en los letreros que varios transportistas de Puno mostraron en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte. Hace algunas semanas, varios de ellos fueron notificados por la Fiscalía por supuestamente sumarse a las protestas contra la mandataria a inicios del 2023 (enero-marzo). Se abrió una investigación preliminar por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Eduardo Cutipa, representante de transportistas de servicio urbano en Salcedo, explicó que, al parecer, agentes de la Policía registraron sus placas y lo reportaron ante la Fiscalía. Se estima que cerca de 90 transportistas fueron denunciados.
“Nos encontramos plenamente indignados. Ya hace 30 días nos notificaron. La verdad, hemos sido denunciados por el fiscal (Juan Carlos Mendoza Gallegos) algo de 16 a 17 empresas, entre urbano, taxis e interurbano. Yo no sé cuál es el criterio que tienen. Los policías nos han estado investigando, no han tomado las placas”, argumentó.
En esa línea, Cutipa detalló que se sienten extrañados por las medidas que está adoptando la Fiscalía y expresó que se trataría de un “persecución política”. Además, resaltó que todo ciudadano tiene derecho a la protesta.
“Es una forma de callar a la población. (A inicios de año) hemos visto que Puno estaba paralizado, no podíamos ser ajenos. No dejar abandonados a nuestros hermanos. No veo ningún delito”, agregó el dirigente.
Sobre su posición respecto a Dina Boluarte, transportistas de Puno persisten en que se trata de un gobierno “usurpador”. Ellos no confían en la presidenta desde que no cumplió su palabra de renunciar cuando Pedro Castillo dejó de ser mandatario. Es por ello que el próximo 12 de octubre se sumarán a una nueva protesta junto a varias comunidades aimaras y otros gremios. (La República)