El Tribunal Constitucional (TC) deberá determinar si le compete evaluar, en última instancia, la demanda de amparo que presentó la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso de la República por la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta persona durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Esto debido a que la Segunda Sala Constitucional de Lima resolvió «conceder» el recurso de agravio constitucional que presentó la mandataria para revocar la resolución que emitió dicha sala superior el último 15 de julio en la que declaró «improcedente» esta demanda de amparo.
Mediante una resolución emitida el último 31 de julio, el tribunal superior adoptó esta medida al determinar que dicho recurso de agravio está comprendido dentro de los alcances del artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional y ha sido interpuesto en el plazo de ley para ser aceptada.
Ante ello, la sala superior dispuso remitir dicho recurso de agravio al Tribunal Constitucional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final.
La Fiscalía de la Nación presentó esta denuncia constitucional contra la mandataria en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que se proceda con el trámite respectivo. Sin embargo, el último 18 de julio este grupo de trabajo congresal rechazo aprobar el informe que proponía admitir a trámite esta denuncia constitucional, por lo que está decisión deberá ser revisada por la Comisión Permanente del Congreso, instancia que si también rechaza este informe el caso será archivado.
En tanto, el último 30 de julio el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y un grupo de sus exministros ante el Congreso de la República por la muerte de más de 40 personas durante estas manifestaciones sociales. No obstante, el magistrado resolvió archivar la investigación preliminar seguida a la mandataria y sus exministros por el presunto delito de genocidio a raíz de estos hechos.(RPP)