En medio de un creciente malestar ciudadano por el incremento del costo de vida, el sector transporte enfrenta un escenario cada vez más complejo. Fidel Salas Zapana, presidente de la ORDET, expuso con franqueza la difícil situación que atraviesan los conductores, quienes buscan sostener sus operaciones sin trasladar toda la carga económica a los usuarios, especialmente a los más vulnerables.
En un gesto que fue valorado por distintos sectores, los transportistas decidieron mantener una presencia pacífica durante la reciente inauguración del proyecto integral de agua en la ciudad, evitando cualquier medida de protesta que pudiera opacar un avance largamente esperado por miles de familias. Salas explicó que muchos de sus asociados viven en zonas urbano-marginales sin acceso a servicios básicos, por lo que consideraron inoportuno manifestarse en ese contexto. “No era momento de protestar; hacerlo habría significado restar valor a una obra que la población necesita con urgencia”, señaló.
No obstante, la calma no disipa la incertidumbre. La dirigencia de la ORDET ha presentado un memorial ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Gobierno Central, solicitando explicaciones claras sobre el alza de los combustibles y medidas concretas para contener su impacto. Aunque actualmente existe una mesa técnica en Lima que aborda esta problemática, el gremio aún no ha sido incorporado formalmente, pese a recomendaciones de la propia PCM.
La falta de información técnica y respuestas oficiales mantiene en vilo al sector. Los transportistas aseguran que, hasta el momento, no se les ha explicado de manera transparente las razones detrás del incremento de precios, lo que dificulta la toma de decisiones responsables frente a sus usuarios.
Mientras tanto, el dilema de los pasajes se vuelve cada vez más urgente. Salas reconoció que, aunque algunas empresas aún no han aplicado incrementos, la presión interna crece debido a los altos costos operativos. “Estamos trabajando al límite. El transportista no puede seguir esperando indefinidamente”, advirtió.
El dirigente subrayó que el alza de precios no es exclusiva del transporte, sino un fenómeno generalizado que impacta en productos de primera necesidad. Sin embargo, cuestionó que el sector sea uno de los pocos que intenta absorber estas pérdidas sin respaldo estatal. En ese sentido, remarcó que, si bien las tarifas no son reguladas directamente por las autoridades, el Gobierno sí tiene responsabilidad en intervenir sobre el precio de los combustibles para evitar que el impacto recaiga en las economías familiares.
Ante este panorama, el sector no descarta sumarse a una paralización macroregional si no se obtienen respuestas concretas. La preocupación aumenta ante rumores de que el combustible podría alcanzar precios aún más elevados, lo que haría insostenible la continuidad del servicio y podría desencadenar conflictos sociales.
Pese a la tensión, Salas insistió en la necesidad de buscar consensos. “Todos nos perjudicamos con esta situación. Debemos llegar a un entendimiento”, concluyó, reafirmando que la demanda del sector no solo responde a su supervivencia, sino también a la estabilidad económica de toda la región.