En una reciente entrevista desde la clandestinidad, el exgobernador regional de Puno Walter Aduviri Calisaya confirmó que ha presentado un pedido formal de indulto presidencial ante el actual gobierno. El dirigente lleva más de dos años oculto de la justicia debido a una orden de captura por no pagar una reparación civil de 2 millones de soles.
Aduviri sostiene que su sanción penal de cuatro años ya se cumplió el 26 de agosto de 2023, contabilizando el tiempo en prisión (un año y tres meses) y el periodo de pena suspendida. Sin embargo, el Estado le revocó la libertad por el incumplimiento del pago total de la reparación civil derivada del caso «Aimarazo».
El exgobernador calificó de «hipocresía del sistema» que se le exija un monto imposible de pagar. Informó que mediante colectas y rifas ha logrado abonar 102,544 soles (5.3% del total), pero el Estado rechaza pagos parciales y exige el 100%. «Ni en 500 años se puede pagar ese monto; es totalmente desproporcional», sentenció.
Aduviri denunció que se le ha aplicado una «muerte civil», ya que al estar en la clandestinidad no puede trabajar, emprender ni cumplir con su rol de padre. Criticó que, mientras él es perseguido, otros con sentencias de corrupción participan libremente en procesos electorales, como el fujimorista Absalón Vázquez.
Cuestionó la demora en el Tribunal Constitucional, donde su caso está desde octubre de 2024. Pese a que la audiencia se realizó el 27 de enero de 2026, no existe pronunciamiento. Hizo un llamado a las fuerzas progresistas e instó a implementar una amnistía general para procesados por defender causas sociales.
(E.C)