Él debe opinar, pero esta vez requirió que no paguen a una empresa que ejecuta una carretera.
Desde el mes de agosto si es que no es antes, el Gobierno Regional Puno (GRP) se encuentra en crisis debido a su acefalía por la fuga, luego captura e internamiento en el penal de Yanamayo, del gobernador regional Walter Aduviri.
Entonces, sus funcionarios han hecho y deshecho en la gestión, y en complicidad con consejeros del oficialismo han provocado que 23 millones de soles estén en riesgo por su inacción.
El 8 de enero de este año, Aduviri designó a Rumy Quispe como director de la Red de Salud San Román; pero el 2 de setiembre, con resolución inferior, el director de la Diresa, Ronald Chata; lo separa y pone a otro en su lugar. El asesor legal del GRP, Aldo Valdivia Vega, opinó que se deje sin efecto tal “movida”.
Ahora, el referido abogado fue denunciado ante la Fiscalía Penal Provincial de turno por usurpación agravada y abuso de autoridad, y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica; al no haber orientar legalmente a los funcionarios del GRP y por tomarse atribuciones que no le competen.
El exprocurador público de Puno, José Belón Jara, quien firmó los cargos presentados el fin de semana, sostiene que tales delitos se consumaron con Oficio 293-2019-GR-PUNO –ORAJ del 2 de setiembre, emitido por Valdivia Vega, en él requirió a funcionarios del GRP el no pago de las valorizaciones del Consorcio San Francisco que asfalta el Tramo II de la Carretera Azangaro – San Juan de Salinas.
“Estamos pidiendo prisión preventiva contra este asesor, por la gravedad del delito, y suspensión de sus funciones, el asesor puede opinar lo que sea, pero no debe requerir el incumplimiento de las normas, sino el respeto de ellas”, refirió Belón Jara.
Dicha obra tiene un avance físico de 65% y el avance financiero está por la mitad: solo 32%. La Región (GRP) hizo una consulta al OSCE sobre supuestos documentos falsos del contratista, a la fecha no ha sido probado ni resuelto la denuncia por el OSCE”, subrayó.
Según el exprocurador, lo que intenta Valdivia Vega, es que el contratista frene la obra e incumpla, para buscar causales de resolución del contrato, sin tomar en cuenta el riesgo de quedar en una obra inconclusa con arbitraje y por la proximidad de las lluvias que obligarían un abandono.
La mencionada carretera demanda una inversión de 13 millones 494 mil soles y en este momento está en plena colocación de carpeta asfáltica. “Este irresponsable puede provocar pérdidas millonarias a la región”, concluyó.