El expresidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Antero Pimentel Esquivias, junto a dirigentes de diversas organizaciones sociales, realizó un plantón en los exteriores del Cuartel de Ingeniería de Juliaca, lugar donde autoridades locales sostenían una reunión con el ministro de Defensa y representantes de la Policía Nacional. Los manifestantes cuestionaron la falta de información sobre la agenda oficial de la visita ministerial y reclamaron ser incluidos en el diálogo sobre la problemática de seguridad ciudadana.
Durante su intervención, Pimentel señaló que la población de Juliaca atraviesa una grave crisis de inseguridad, marcada por constantes asaltos, robos y homicidios. En ese sentido, cuestionó a las autoridades locales y regionales, incluyendo al alcalde provincial y a los responsables de seguridad ciudadana, por los escasos resultados obtenidos frente al incremento de hechos delictivos en la provincia de San Román y la región Puno.
Asimismo, recordó que en 2025 diversas organizaciones sociales presentaron un memorial solicitando la reorganización total de la Policía Nacional del Perú. Según indicó, hasta la fecha no se han observado avances concretos ni resultados de las mesas técnicas conformadas para abordar este problema. Pimentel también expresó su preocupación por las investigaciones que involucran a efectivos policiales en presuntos casos de crimen organizado y contrabando.
El dirigente hizo referencia al caso de 50 policías investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Puno por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando. Además, cuestionó la liberación de tres efectivos que habían sido enviados a prisión preventiva y que posteriormente lograron reincorporarse al servicio policial, situación que, según sostuvo, genera desconfianza en la ciudadanía respecto al sistema de control interno de la institución.
Por su parte, Juan Zapata Chambilla, presidente encargado de las Cuatro Zonas, criticó que la reunión con el ministro se desarrollara sin la participación de las organizaciones sociales y dirigentes de la provincia de San Román. Indicó que la población viene demandando desde hace varios años acciones concretas para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, sin obtener respuestas satisfactorias de las autoridades.
Los manifestantes reiteraron que su presencia en el lugar no tuvo como finalidad generar enfrentamientos, sino exigir resultados concretos frente a la ola de criminalidad que afecta a Juliaca. Además, intentaron ser recibidos por el ministro para presentar una serie de pedidos relacionados con la seguridad pública y solicitar mayores detalles sobre las investigaciones en torno al asesinato de la dirigente Sara Calla.
Finalmente, los dirigentes advirtieron que la población ya no tolera el incremento de la delincuencia y demandaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Consideraron indispensable que el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y la Policía Nacional adopten acciones inmediatas y transparentes para recuperar la confianza de la ciudadanía y enfrentar eficazmente la criminalidad en Juliaca.