La investigación sobre el presunto caso de corrupción conocido como los “osos de la corrupción” continúa generando cuestionamientos en la Municipalidad Provincial de San Román. En medio de las críticas ciudadanas, el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez rechazó que el inicio de la obra en el pasaje Moquegua haya sido impulsado para desviar la atención pública de las denuncias que involucran a la Gerencia de Transportes.
La autoridad edil sostuvo que los trabajos en el pasaje Moquegua fueron gestionados con anterioridad y respondían a compromisos contractuales asumidos por la empresa ejecutora. Según explicó, la contratista se encontraba preocupada por cumplir los plazos establecidos, por lo que descartó que la ejecución del proyecto haya tenido como finalidad convertirse en una “cortina de humo” frente al escándalo de presunta corrupción.
Respecto a las investigaciones fiscales, Cáceres afirmó que tanto su persona como la institución municipal han puesto a disposición del Ministerio Público toda la documentación necesaria para facilitar las diligencias. Sin embargo, sus declaraciones han generado debate debido a que evitó anunciar una reorganización integral de la Gerencia de Transportes, una de las principales exigencias planteadas por diversos sectores de la población.
El alcalde argumentó que el expediente investigado corresponde al año 2024 y que la mayoría de los funcionarios involucrados ya no laboran en la municipalidad desde 2025, salvo el actual gerente del área. En ese sentido, consideró que retirar al personal que actualmente ocupa los cargos, sin estar vinculado a los hechos investigados, carecería de sustento lógico. No obstante, anunció que se evaluarán nuevas medidas de control, entre ellas la implementación de software de fiscalización y la instalación de cámaras de videovigilancia en las oficinas municipales.
Pese a estas explicaciones, persisten las críticas sobre la falta de acciones preventivas más contundentes, especialmente después de que casos similares fueran detectados previamente en otras jurisdicciones de la región. Ante ello, Cáceres señaló que periódicamente emite memorandos recordando a los funcionarios la obligación de actuar con ética y respetar las normas anticorrupción. Sin embargo, trasladó la responsabilidad de los hechos a las decisiones individuales de cada servidor público, una postura que para diversos sectores resulta insuficiente frente a una crisis que vuelve a poner en tela de juicio los mecanismos de control interno y la capacidad de la gestión municipal para prevenir actos de corrupción.