A 15 años de los acontecimientos registrados el 24 de junio de 2011, familiares de seis ciudadanos fallecidos realizaron un plantón frente a la sede del Poder Judicial en la provincia de San Román, donde exigieron celeridad en el proceso judicial y demandaron justicia por la muerte de sus seres queridos.
Durante la jornada de protesta, los deudos recordaron a Gregorio Huamán Mamani, Félix Edwin Irpanoca Turpo, Javier Perlacios Limachi, Petronila Coa Huanca, Antonio Campos Huanca y Raúl Ccancapa Huaricallo, quienes perdieron la vida en los hechos ocurridos hace más de una década. Asimismo, señalaron que el proceso judicial avanza con demoras y constantes reprogramaciones de audiencias.
El abogado de los familiares, Carlos Torres, sostuvo que el caso arrastra una larga etapa de litigio que ha sido asumida con esfuerzo propio por los deudos. “Son quince años de larga lucha legal… hemos tenido que avanzar con nuestros propios medios”, indicó, al precisar que el proceso actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento desde julio de 2024.
Según explicó, las audiencias se desarrollan de manera fragmentada, cada cinco, seis u ocho días, con duraciones de entre 15 y 30 minutos, lo que —afirmó— dificulta la actuación completa de pruebas y testigos. “El proceso avanza de manera muy lenta, casi como una tortuga”, señaló.
El letrado precisó que son tres los investigados en el caso: dos comandantes y un general, a quienes el Ministerio Público atribuye los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. La pena solicitada sería de 25 años de prisión. Asimismo, indicó que el proceso comprende la muerte de seis personas y más de 60 heridos, todos con documentación médica y pericias forenses que, según afirmó, respaldan la investigación.
En esa línea, sostuvo que la teoría del caso se basa en la “autoría mediata” a partir de la cadena de mando, la cual —según indicó— estaría acreditada con declaraciones y elementos recabados durante el juicio.
Por su parte, los familiares denunciaron retrasos reiterados en las audiencias y cuestionaron la falta de continuidad del proceso judicial. Algunos de los deudos relataron el impacto emocional y económico que han enfrentado durante estos 15 años, señalando que deben trasladarse desde diferentes provincias para asistir a las diligencias.
“Solo pedimos justicia por nuestros familiares”, expresó uno de los participantes del plantón, quien recordó la pérdida de su padre durante los hechos investigados. Otro de los testimonios señaló que las víctimas fallecieron por impactos de bala en la cabeza, lo que —según afirman— ha sido acreditado en el proceso con pericias y protocolos de necropsia.
El caso continúa en etapa de juzgamiento, mientras los familiares insisten en que el proceso no debe seguir prolongándose y reiteran su pedido de una resolución pronta que determine responsabilidades por los hechos ocurridos en 2011.