La Contraloría General reveló que el 55.3% (1270) de las 2298 obras públicas paralizadas a nivel nacional (al corte del 31 de diciembre de 2023) son ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa, es decir, que son desarrolladas por entidades que utilizan sus propios recursos presupuestales, así como su personal, capacidad técnica-administrativa, infraestructura, equipos o maquinarias, acorde con la naturaleza y complejidad de la obra.
De acuerdo al “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023”, las municipalidades provinciales y distritales son las que congregan la mayor cantidad de obras paralizadas (1184 obras, 93.2%) del total de obras que se ejecutan por Administración Directa (1270 obras). En menor porcentaje se encuentran las obras paralizadas que pertenecen a entidades del gobierno regional (59 obras, 4.6%) y nacional (27 obras, 2.1%).
Nueva normativa entrará en vigencia en abril
Para contribuir a que las obras públicas que se ejecutan por Administración Directa se efectúen en mejores condiciones de calidad, costo, plazo, y cumplan con su finalidad, la Contraloría General elaboró un nuevo marco normativo que entrará en vigencia en abril de este año, que dispone, entre otros, que para ejecutar una obra pública por Administración Directa, la entidad debe contar con la capacidad técnica necesaria para realizarla, además, de contar con el expediente técnico de la obra previamente aprobado y actualizado.
De acuerdo con la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, la ejecución de las obras por Administración Directa constará de cuatro fases: 1) aprobación de la ejecución, 2) preparación, 3) ejecución física y 4) culminación y liquidación. Luego, la obra será transferida internamente (a otra unidad orgánica de la entidad distinta a la que ejecutó la obra) o externamente (a otra entidad diferente de la que ejecutó la obra), para que se encarguen de su operación y mantenimiento.