En un operativo de supervisión, realizado junto al personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno identificó 31 postes de alumbrado público que se encontraban inoperativos y que dejaban en completa oscuridad algunos puntos críticos de la ciudad de Puno. Esto originaba que las personas que transitaban estos lugares estuviesen propensos a la delincuencia y a cualquier otra situación de inseguridad ciudadana.
En efecto, atendiendo las constantes quejas de la ciudadanía, que denunciaron esta situación de los postes, la Oficina Defensorial de Puno desarrolló esta supervisión la noche del 25 de mayo. Así, se recorrieron las avenidas La Torre y Juliaca, la zona de Alto Puno, el barrio San José, y los jirones Carabaya y Primero de Mayo. La visita sirvió, también, para formular recomendaciones que permitan solucionar el problema.
Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Jacinto Ticona, explicó que la prestación de este servicio es de responsabilidad de la empresa concesionaria de distribución, por lo que debe garantizar que sea idóneo y de calidad en beneficio de toda la ciudadanía. “En tiempos en que la seguridad ciudadana es tan vulnerable, el servicio de alumbrado público debe ser el más óptimo posible, pues las zonas oscuras y de poca iluminación exponen a la población a ser víctimas de las decenas hechos delictivos que se presentan a diario en esta ciudad”, señalo Ticona.
Debido a esta situación, se envió un oficio al Gerente General de la empresa Electro Puno S. A. A., para advertirle sobre las deficiencias halladas en el servicio y recomendarle que implemente acciones de mantenimiento y reparación en los postes de alumbrado público detectados en estas y otras zonas de la ciudad. De esta manera, se podrá garantizar la adecuada prestación del servicio y la recuperación de espacios públicos antes que se agrave la afectación a la integridad de la ciudadanía que se desplaza en estas arterias de la ciudad.
La Defensoría del Pueblo remarca que la eficiencia en la provisión de servicios públicos impacta en diversos derechos de la población, por lo que es necesaria una constante supervisión de los mismos. Por ello, se mantendrá alerta ante cualquier situación similar para que sea corregida en la mayor brevedad posible.