El coordinador del Módulo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Román, Nivardo Enrique Barriales, informó que continúan las diligencias de investigación tras el hallazgo sin vida de una adolescente de 13 años de iniciales G. Z. C. S que había sido reportada como desaparecida en diciembre en la provincia de Azángaro.
Barriales precisó que, como parte del seguimiento institucional, la noche del último martes 6 de enero se comunicaron con el comisario responsable de Azángaro y, este miércoles por la mañana, con el jefe del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de dicha provincia, a fin de recabar información oficial y certera sobre el avance de las investigaciones.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades policiales, el proceso investigativo presenta un avance aproximado del 80 %. Asimismo, se informó que el cuerpo de la menor fue trasladado a la ciudad de Juliaca, donde se realizará la necropsia de ley. Del mismo modo, un presunto familiar de la víctima, detenido de manera preliminar, fue llevado también a Juliaca para la realización de diversas diligencias y pruebas, tras lo cual será retornado a la provincia de Azángaro.
El coordinador señaló que, ante la detención preliminar por 72 horas del presunto autor del crimen, la Defensoría del Pueblo presentará un documento formal ante el Ministerio Público solicitando que, con los elementos probatorios ya recabados, se gestione la prisión preventiva, garantizando que el caso no quede impune.
Asimismo, indicó que el Departamento de Investigación Criminal de la provincia de San Román, en coordinación con la Fiscalía, ha dispuesto la realización de diversas diligencias en esta jurisdicción, las mismas que forman parte del proceso integral de investigación. Una vez concluidas, se espera que las autoridades retornen a Azángaro para continuar con las actuaciones correspondientes y emitir, en el más breve plazo, el informe final.
Barriales remarcó que la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante para asegurar que el caso se investigue con la celeridad y rigurosidad que amerita, y que el presunto responsable reciba una sanción acorde a la gravedad de los hechos. En ese sentido, explicó que, por los indicios preliminares, el delito que se estaría configurando sería feminicidio, el cual contempla una pena de hasta 30 años de prisión, pudiendo agravarse hasta cadena perpetua de confirmarse circunstancias adicionales.
Finalmente, el representante de la Defensoría hizo un llamado a la población de Azángaro a mantener la calma y confiar en el trabajo de las autoridades, reiterando el compromiso de la institución de monitorear permanentemente el desarrollo de este doloroso caso, en defensa de los derechos fundamentales y la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.