El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno realizó este miércoles la audiencia de control de identidad de tres ciudadanos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Tras concluir la diligencia a las 4:26 de la tarde, la magistrada dio por cumplido el procedimiento y dispuso que los imputados permanezcan a disposición del Ministerio Público para cumplir una detención preliminar judicial de 15 días naturales.
Los investigados fueron identificados como Johnny Apaza Justo, Albert Dani Aguirre Carvajal y Jordan Henry Tintaya Lucini, quienes comparecieron ante el órgano jurisdiccional para la verificación de sus datos personales y la legalidad de la intervención ejecutada por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Durante la audiencia, los detenidos manifestaron que no fueron objeto de agresiones y que recibieron la notificación correspondiente respecto de la orden judicial emitida en su contra.
Según la resolución judicial N.° 13, el juzgado confirmó que existe plena correspondencia entre las personas detenidas y las órdenes de captura dictadas el pasado 7 de abril de 2026. La investigación comprende presuntos actos relacionados con cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, delitos que habrían sido cometidos en el contexto de una supuesta organización criminal.
Uno de los momentos centrales de la audiencia fue la intervención de la Defensa Pública, que ejerce la representación legal de Johnny Apaza Justo y Jordan Henry Tintaya Lucini. El abogado defensor solicitó que se garantice estrictamente el respeto al principio constitucional de presunción de inocencia frente a la difusión de información en medios de comunicación y plataformas digitales.
Durante su exposición, el letrado recordó que ninguna autoridad o funcionario público debe emitir información que pueda generar una percepción anticipada de culpabilidad respecto de los investigados. Asimismo, enfatizó que la investigación preliminar mantiene carácter reservado y que la dignidad de los procesados se encuentra protegida por las normas constitucionales y procesales vigentes.
En respuesta al pedido, la magistrada precisó que el juzgado no autorizó la participación de oficinas de imagen institucional ni la transmisión de la audiencia mediante redes sociales. Agregó que, en caso de advertirse vulneraciones o excesos en la difusión de información, las partes involucradas podrán ejercer los mecanismos legales correspondientes para la protección de sus derechos.
Concluida la diligencia, el fiscal a cargo del caso, Arturo Saúl Sirena Asensio, quedó facultado para continuar con las actuaciones urgentes y necesarias dentro del plazo de detención preliminar otorgado por el Poder Judicial. Por su parte, la Policía Nacional tendrá la responsabilidad de garantizar la integridad física y el respeto de los derechos fundamentales de los investigados mientras duren las diligencias fiscales.