El coordinador del Módulo Defensorial de la provincia de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, informó que la Defensoría del Pueblo ha iniciado la implementación del programa “Rompiendo Cadenas”, una iniciativa destinada a ubicar, atender y proteger a los hijos e hijas de personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de Juliaca y Lampa.
Enríquez precisó que, durante una supervisión realizada hace dos años a ambos penales, se entrevistó individualmente a los internos e internas para conocer cuántos hijos tienen, dónde se encuentran y bajo el cuidado de quién están. Como resultado, se identificó que más de dos mil menores de edad son hijos de personas recluidas en dichos establecimientos penitenciarios.
El funcionario advirtió que muchos de estos niños viven en condiciones de vulnerabilidad, pues en varios casos ambos padres se encuentran cumpliendo condena. “Durante la supervisión detectamos que muchos de los hijos están bajo el cuidado de madrastras, tíos o terceros, y algunos incluso viven solos”, alertó.
Frente a esta realidad, la Defensoría impulsó la conformación del Consejo de Coordinación Provincial de San Román, que articulará esfuerzos entre diversas instituciones para brindar acompañamiento social, psicológico y educativo a estos menores. El objetivo dijo es prevenir que los adolescentes se involucren en conductas delictivas o sean víctimas de violencia, trata de personas o abandono familiar.
El Consejo de Coordinación está integrado por la UGEL San Román, la Policía Nacional, el Seguro Integral de Salud (SIS), el Ministerio Público, la DEMUNA, los centros de salud mental comunitarios y otras entidades del Estado. Cada institución tendrá un rol específico según sus competencias, buscando ofrecer un soporte integral a los niños y adolescentes identificados.
Asimismo, Enríquez anunció que el próximo martes 10 de noviembre se llevará a cabo una reunión de coordinación con los integrantes del consejo, mientras que la siguiente semana se iniciará el trabajo de campo para visitar a los menores y conocer su situación actual.
Además, el 22 de noviembre se realizará una visita al penal de Juliaca, donde los representantes del consejo se entrevistarán con los internos para actualizar el padrón de sus hijos y definir acciones de atención directa.
“Queremos romper el ciclo de abandono y riesgo social que rodea a los hijos de los internos. Ellos no deben pagar las consecuencias de los errores de sus padres. Nuestro compromiso es garantizar que crezcan con dignidad y oportunidades”, enfatizó Enríquez Barriales.