La Procuraduría General del Estado designó al abogado Carlos Alberto Fernández Muñoz como procurador público ad hoc adjunto del caso Lava Jato.
El nombramiento fue establecido mediante Resolución Nº 55-2020-PGE/PG, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La norma lleva la rúbrica del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján.
Fernández ejercerá la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras.
Silvana Carrión, actual procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, ejercía hasta julio pasado la procuraduría adjunta, cargo que asume ahora Fernández.
El nuevo procurador ad hoc adjunto es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios de maestría en Política Jurisdiccional por la misma casa de estudios, estudios de especialización en Derecho Penal y Derecho Penal Procesal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Tiene más de 20 años de experiencia ejerciendo el Derecho en el sector privado. Desde enero de 2019 se venía desempeñando como coordinador de litigio penal en la procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y otras.
El abogado se suma al equipo de procuradores que defienden los intereses del Estado peruano en el referido caso, el cual está conformado por la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola y la procuradora ad hoc adjunta Marilyn Vega Caro.
La procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y otras, conocida comúnmente como la “Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato”, es el órgano especializado que se dedica exclusivamente y a tiempo completo a la defensa de los derechos e intereses del Estado en este mega caso de corrupción y otros conexos de similares características.
Actualmente, dicha procuraduría tiene a su cargo más de 100 procesos vinculados a delitos cometidos por altos funcionarios públicos y grandes empresas, los cuales son considerados de gran complejidad. (Andina)