César Tito Rojas, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Afirmó que aproximadamente 50 dirigentes de la región están siendo investigados, lo que, a su juicio, representa una «criminalización de las protestas» por parte del gobierno central de Dina Boluarte.
Según el dirigente, la situación actual evidencia una intención del gobierno de «profundizar la persecución a dirigentes». Tito Rojas señaló que, en la actualidad, se han abierto más de 50 carpetas fiscales contra líderes sociales de la región, lo que genera preocupación entre las organizaciones populares y gremiales. Esta medida, percibida como un intento de amedrentamiento, podría exacerbar aún más el descontento en Puno, una región que ha sido foco de intensas protestas contra el actual gobierno.
Tito Rojas explicó que estas movilizaciones constituyen una «jornada de lucha» en rechazo a lo que consideran la aprobación de «leyes de la impunidad para militares y policías, entre otros”. Esta postura refleja un profundo descontento con normativas recientes que, a su juicio, favorecen la impunidad de ciertos sectores.
El dirigente recordó que el magisterio ya llevó a cabo un paro de 24 horas el pasado 14 de mayo, mencionando que analizan una paralización de 48 horas para el mes de agosto, una medida que, de ser acordada en las próximas semanas, marcará una escalada en las acciones de protesta.
Además de estas paralizaciones, Tito Rojas anunció la convocatoria a una asamblea del comité colegiado de las organizaciones populares de la región para mañana sábado. Esta crucial reunión se realizará en la provincia de San Román, donde se están ultimando los detalles para una gran marcha hacia Lima los días 27, 28 y 29 de julio. Esta movilización busca ser una medida contundente contra el actual gobierno. Puno, una región históricamente reconocida por su fuerte capacidad de movilización, se prepara para un período de alta tensión social.
(E.C)