Durante una visita de control de la Contraloría General de la República en la urbanización San Pablo, en Juliaca, los dirigentes de las zonas beneficiarias del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado expresaron su malestar por la presencia del congresista Carlos Zeballos en las actividades vinculadas a la Etapa I de la obra. Los representantes comunales consideraron que la intervención del parlamentario, a pocos meses de concluir su gestión, resultaba innecesaria y levantaba sospechas sobre posibles intereses políticos.
Los líderes vecinales recordaron que, en gestiones anteriores, no recibieron apoyo ni acompañamiento del legislador cuando viajaron a Lima para buscar soluciones a las necesidades básicas de sus comunidades.
“Cuando vamos a Lima a realizar gestiones, nunca lo vemos; jamás hemos recibido apoyo de su parte”, manifestó Carmen Paredes, dirigente de la zona, quien además subrayó la falta de compromiso del congresista con los problemas reales de la población juliaqueña.
La actividad contó con la participación de representantes de la Fiscalía Provincial, la Defensoría del Pueblo y la propia Contraloría, con el objetivo de supervisar la transparencia y el correcto desarrollo de la obra, cuyo reinicio se concretó el pasado 21 de octubre bajo la modalidad de administración directa.
El reinicio de los trabajos ha despertado tanto expectativas como preocupación entre los beneficiarios, debido a los antecedentes de retrasos y controversias que arrastra el proyecto. Los dirigentes advirtieron sobre el riesgo de que, en la etapa final de la gestión legislativa, se intente utilizar el proyecto con fines políticos, desviando su verdadero propósito: mejorar el acceso al agua potable y saneamiento para miles de familias.
Por su parte, el presidente encargado del Comité Central de Gestión, Sixto Mamani Pari, lamentó la actitud del congresista Zeballos y pidió que se reúna de manera directa con los dirigentes para atender sus demandas y aclarar su participación en el proceso.
La Contraloría, junto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, continuará con el seguimiento permanente de la ejecución del proyecto, a fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que la obra finalmente beneficie a la población, después de años de espera.