Una ola de indignación se ha levantado en la provincia de San Román, donde dirigentes y ciudadanos exigen la inmediata destitución del juez Guido Armando Chevarría Tisnado. El magistrado estaría involucrado en una presunta red de tráfico judicial y es señalado por emitir resoluciones que habrían favorecido irregularmente a terceros, llegando a paralizar obras clave como la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Juliaca.
Los manifestantes han revelado que, a pesar de que el juez del Tercer Juzgado Civil de Puno fue suspendido el pasado 5 de mayo de 2025, sorprendentemente, el 9 de mayo emitió una medida cautelar exprés. Esta resolución benefició al sindicato SINTTRAVYC de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, cuyos trabajadores son representados por el abogado Walker León Aguilar Castillo, una figura presuntamente estrechamente vinculada al juez Chevarría. Esta cuestionada acción judicial habría sido el detonante para frenar el proyecto COAR, considerado vital para los estudiantes de alto rendimiento de la región Puno.
Ante esta grave situación, delegaciones de dirigentes y ciudadanos no dudaron en viajar hasta la ciudad de Puno para presentar un memorial ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El documento, sustentado legalmente en la Constitución Política del Perú y la Ley del Procedimiento Administrativo General, solicita formalmente la destitución del juez por inconducta funcional.
El memorial detalla un historial de actuaciones irregulares que, según los denunciantes, evidencian parcialidad, falta de probidad y abuso del poder judicial por parte de Chevarría Tisnado. La comunidad de San Román clama por la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial, exigiendo que se investigue a fondo esta presunta red de corrupción y se tomen las medidas necesarias para garantizar la justicia y el avance de los proyectos que benefician a la región.
